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El Gobierno Vasco impulsa la "rehabilitación moral" de los amenazados por ETA

EFE - Viernes, 8 de Abril de 2016 - Actualizado a las 16:02h

DONOSTIA. El Gobierno Vasco ha incorporado a la memoria de los años de violencia en Euskadi el sufrimiento de los amenazados por ETA a través de un informe que, además de aproximaciones estadísticas, disecciona el dolor padecido por estas víctimas, a las que se debe "una rehabilitación social y moral".

El "Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011)", presentado hoy en Donostia, ha sido elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto por encargo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco.

El estudio aborda esta realidad desde dos perspectivas, una cuantitativa, que cifra en unas 3.300 personas las amenazadas que tuvieron que llevar escolta, y otra cualitativa, que se recoge las impresiones y testimonios de 15 de estas víctimas para describir su padecimiento y proponer una serie de conclusiones.

El criterio utilizado para definir a los amenazados ha sido la asignación de escolta, aunque los propios redactores del informe admiten que esta metodología excluye a otras muchas personas que respondieron de otra manera a la amenaza, por lo que se parte de la base de que fueron muchos más los ciudadanos que sufrieron esta situación, tal y como han explicado sus redactores, José Ramón Intxaurbe, Eduardo J. Ruiz y Gorka Urrutia, en una rueda de prensa junto al secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández.

De las 3.300 personas amenazadas que contempla el estudio, 1.619 recibieron la protección a cargo del Gobierno Vasco.

Más de dos tercios dispusieron de escoltas entre 1 y 5 años, una quinta parte fue protegida durante una década y se han registrado al menos 5 casos de personas que vivieron con este servicio de seguridad durante los 20 años que abarca el informe.

En cuanto a sus ámbitos de actuación, los colectivos más afectados fueron los políticos, los empresarios, los profesores, los miembros de la administración de justicia y los trabajadores de los medios de comunicación.

Narra, con extractos literales de los testimonios recabados, la pérdida de la libertad y la intimidad, los problemas laborales que la situación acarreó en algunos casos, el impacto en sus familias y allegados y las consecuencias en la salud, con frecuencia materializadas en cuadros de estrés postraumático.

También aborda uno de los aspectos de mayor dimensión social sufrida por los amenazados: su estigmatización, un "déficit de solidaridad entre allegados, vecinos o compañeros de profesión" muchas veces motivado por "el miedo y el deseo de no verse involucrados en la misma estresante realidad de las personas amenazadas".


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