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estrategia electoral del PP

La herencia hipotecada que deja Rajoy

La estrategia electoral del PP en materia de impuestos y gasto durante el último año convierte en estéril el mayor crecimiento económico de la economía española en 2015

análisis de Iñaki González - Domingo, 3 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:14h

Mariano Rajoy, en un acto con jóvenes de su partido.

(Foto: Efe)

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Mariano Rajoy, en un acto con jóvenes de su partido.

Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda han convertido esta semana en oficial un secreto a voces: las cuentas de Mariano Rajoy en 2015 y sus presupuestos de 2016 son una ficción. Se acabó la porfía y hasta la descalificación con la que durante el último año electoral se despachó sistemáticamente el Gobierno del PP contra todo aquel que cuestionaba sus previsiones. De la legislatura de Rajoy queda una herencia envenenada para los próximos años en términos de déficit, deuda, paro y un ajuste crudo de las cuentas públicas que difícilmente va a permitir el mantenimiento del nivel de bienestar.

El 5,16% de déficit público con que se cerró 2015 es en sí mismo un lastre. Más allá de las eventuales sanciones económicas que implica -2.000 millones de euros según el procedimiento de control asumido por el Estado ante la Unión Europea-, Rajoy se ha jugado la baza de la credibilidad de la economía española y la ha perdido.

El escenario final es peor, con mucho, al peor de los previstos. El compromiso asumido por Rajoy con Bruselas pasaba por reducir el déficit público al 4,2% el pasado año y al 2,8 en 2016. La Comisión Europea llevaba advirtiendo desde mediados de año que el déficit español no bajaría del 4,7 este año y el 3,6 el próximo.


Las verdades

de la Comisión

En octubre, el dictamen de la Comisión sobre el acelerado proyecto de presupuestos para 2016, elaborado un mes antes por el equipo económico de Rajoy, motivó una campaña de presión contra el comisario Pierre Moscovici. Este no se creía la fiabilidad de unas cuentas que aún entonces seguían basándose en unos cálculos de déficit y crecimiento que ya nadie sostenía. Las objeciones de la Comisión fueron descalificadas en plena precampaña electoral por el ministro de Exteriores, García-Margallo, con una frase lapidaria: “Estas predicciones lo único que hacen es legitimar la astrología”. Un inciso: aquellas cuentas, que son las vigentes, se hicieron con una previsión de crecimiento del 3% en 2016;el Banco de España fijó el viernes esa expectativa en tres décimas menos (2,7%). Difícilmente cuadrarán esos números si no cambia la tendencia.

El caso es que, para las elecciones de diciembre, las previsiones del Banco Santander, Funcas, o el Centro de Predicción Económica (Ceprede) ya indicaban que el déficit español rondaría o superaría el 5%. Hoy, el gobierno en funciones tiene que tragarse sus palabras pero, en la práctica, las deja en herencia para la próxima legislatura. La interlocución con Bruselas se vuelve muy difícil para quien deba acometerla y el retraso en hacerlo creará un escenario de hechos consumados en el que la Comisión va a ser exigente en la demanda de nuevos recortes de gasto. Sea quien sea el que gobierne.

En lugar de negociar con Bruselas un margen más dilatado en el tiempo de reducción del déficit, en una dinámica que hubiera contado incluso con el respaldo de organismos como el FMI o la OCDE, que abogan desde hace meses por esa dirección para recuperar la actividad económica, Rajoy prefirió llevar a las elecciones la ficción de un éxito de su política económica inexistente. Un maquillaje estadístico que también redunda en las cuentas.


La estadística como aliada electoral

El Gobierno español ha buscado esgrimir su gestión económica en términos de reducción del desempleo y crecimiento económico. En la práctica, las medidas correctoras del mercado laboral se han traducido en un incremento de contrataciones temporales, en niveles salariales bajos e incentivadas a través de menores cotizaciones a la Seguridad Social.

Una estrategia que ha permitido reducir moderadamente las cifras absolutas de paro pero que ha convertido conscientemente en papel mojado el cálculo presupuestario del año pasado. Uno de sus pilares era reducir a 6.000 millones de euros el déficit de la Seguridad Social (0,6% del PIB) pero, por la vía de la menor recaudación y el más que conocido incremento de la prestación, lo ha elevado a los 18.500 millones (1,3%) pese a que sumó 533.000 afiliados de enero a diciembre de 2015.

El otro factor electoralista que ha detraído recursos ha sido la rebaja fiscal anticipada a mitad del pasado año. Los tipos de IRPF ya se redujeron a comienzos de año, pero el segundo tramo de rebaja, que debía entrar en vigor en enero de 2016, se adelantó a julio de 2015. En la práctica, la reducción de tramos y de los tipos se resume fácilmente: respecto a 2014, el tipo máximo por IRPF -que se fijó en rentas por encima de 60.000 euros- bajó del 52% al 45% y el mínimo -hasta 12.450 euros- se redujo del 24,75 al 19%. Además de aplicar el 15% de retención por IRPF a todos los autónomos.


Buscando culpables y gastando más

Estas medidas han restado recursos a las cuentas generales y a las autonómicas. Precisamente, el objeto de las iras del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. Ciertamente, el déficit de las comunidades autónomas ha disparado el dato general. Pero Montoro obvia el hecho de que el sistema de financiación español otorga al Estado la fijación de las políticas recaudatorias y deja en las CC.AA. las fundamentales del gasto social: ayudas sociales, sanidad, etc. Solo Euskadi, Canarias y Galicia han cumplido con el exiguo 0,7% de déficit que les asignó Montoro, mientras se reservaba un 2,9% para la Administración estatal.

Sin embargo, otro elemento que pone en tela de juicio la credibilidad de la economía española para quienes, en la práctica, la supervisan desde Bruselas, es su nivel de deuda. Rajoy recibió del último gobierno socialista un endeudamiento equivalente al 69,5% del PIB. Cada uno de los ciudadanos del Estado debíamos 15.881 euros al final de 2011. Pero ha cerrado la legislatura con una deuda que se acerca al billón cien mil euros, equivalente al 99,2% del PIB y que carga sobre nuestros bolsillos 23.042 euros per cápita.

También en este aspecto negó la mayor el gabinete de Rajoy ante las advertencias de Bruselas, que temía ese escenario pese a que el presupuesto del pasado año preveía que no pasara del 98,7%. El coste de esa herencia envenenada equivale a unos 33.500 millones de euros -en torno al 3% del PIB- que tocará pagar en 2016 por intereses de esa deuda con cargo a los optimistas Presupuestos de 2016, realizados sobre una previsión de crecimiento que nadie espera cumplir. Vienen años duros, sin margen para el gasto y dificultades para mantener los niveles de bienestar.


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