Diario de GipuzkoaDiario de Noticias de Gipuzkoa. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Gipuzkoa
Tribuna abierta

Días de marzo

Por Iñigo Bullain - Martes, 29 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:10h

tribuna

Galería Noticia

tribuna

Aunque algunas fuerzas políticas y asociaciones de víctimas se empeñen en construir un relato monopolizador, la violencia política que asoló Euskadi durante décadas no fue solo responsabilidad de ETA.

aunque en aquella espiral la organización socialista revolucionaria, en su propia definición, tuvo un papel protagonista muy destacado, no actuó en solitario. La estrategia acción-represión-acción contaba con que el Estado también tendría una actuación destacada. Y así fue.

Tanto quienes se especializaron en las tareas represivas, como la Guardia Civil, como quienes ofrecieron impunidad a los abusos policiales y silenciaron las torturas y malos tratos, la administración de justicia o los medios de comunicación, son parte de una larga lista de agentes con responsabilidades éticas y morales. Evidentemente, el MLNV, y su portavoz durante muchos de los años de plomo, Arnaldo Otegi, son responsables políticos muy cualificados de una ética deshumanizadora que justificó y contextualizó el daño y el dolor en un entorno en el que la nebulosa categoría del enemigo político permitió legitimar las amenazas y la extorsión, el asesinato o el coche bomba. Un clima que a otros servía para emplear generosamente la detención e incomunicación, la bañera y la impunidad como recursos de lucha frente al terror.

La violencia a la que el revolucionarismo patriótico sometió a la sociedad vasca fue muy intensa y regular, una media de un atentado cada semana durante varias décadas, y la estrategia político-militar que empleaba la violencia como recurso político implicó un continuo engaño dialéctico. La batalla geolingüística por dominar el discurso fue una tarea fundamental para mantener vivo el conflicto y prolongar un clima de coacción generalizado ya desde la dictadura. Tras el fracaso de la guerra sucia y luego de descartar la vía de la negociación, el Estado recurrió en los 90 a los tribunales para derrotar al MLNV, imponiendo las tesis garzonianas de que “todo era ETA”. Un recurso que propició la ilegalización y el desmantelamiento del Movimiento de Liberación Nacional Vasco mediante la responsabilización penal de su entramado civil. En concreto, el sumario Bateragune por el que se condenó entre otros a Otegi, formaba parte de una estrategia que no tuvo empacho en emplear la justicia como instrumento político y sacrificar el fundamento penal a la razón de Estado. En consecuencia, Otegi recibió una suerte de Óscarpenitenciario a toda su carrera. Como muchos otros condenados, ha sido víctima de lo que se puede denominar derecho penal del enemigo. Una condición en la que se agrupan en una suerte de territorio penal off shorevíctimas y victimarios.

Pretender reducir la responsabilidad sobre la violencia política al entorno del MLNV es un empeño inconsistente. Solo durante la primera semana de marzo varios acontecimientos, además de la excarcelación de Otegi, han trasladado a la memoria de la sociedad vasca que la violencia política que ha padecido ha sido plural y sus víctimas muy diversas. El goteo de exhumaciones de víctimas de la represión fascista durante la Guerra Civil equipara a España con Camboya: los dos países del mundo con el mayor número de desaparecidos. Cuatro décadas de democracia no han recuperado a miles de víctimas del franquismo de anónimas fosas y cunetas. La Ley de Memoria Histórica sigue limitando el acceso a los tribunales y en la última legislatura el Gobierno del PP ha reducido drásticamente los fondos presupuestarios, de manera que decenas de miles de víctimas de aquella violencia siguen desaparecidas sin que el Estado se haya comprometido a recuperarlas. Como denuncia el escritor iruindarra Sánchez-Ostiz, en varios de sus trabajos -El escarmiento o El botín-, las familias de las víctimas han padecido la dilatada ignominia del silencio mientras los verdugos y victimarios de aquellos crímenes han gozado de completa impunidad. La sociedad Aranzadi y el tenaz empeño de Paco Etxeberria y varios equipos de profesionales y voluntarios tratan de reparar el desamparo de tantas familias, y recuperar los restos de los lugares en donde los asesinos los abandonaron.

De ese ninguneo institucional se ha hecho también memoria estos días al recordar la masacre de Vitoria, cuando cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Nacional en un despliegue represivo en el que se llegaron a disparar miles de balas sobre una concentración que reivindicaba mejoras laborales. Cuarenta años más tarde, se mantiene la impunidad de los responsables materiales y políticos de una salvajada que causó centenares de víctimas. El entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, sería años más tarde el alma mater del Partido Popular, una agrupación que hasta la fecha, a diferencia de lo que exige a otros grupos, no ha revisado la conexión entre la violencia de la dictadura, o la de su líder y fundador con otras víctimas de la violencia política. Como tampoco el PSOE se ha desligado de su responsabilidad durante la guerra sucia. La alusión de Iglesias a los crímenes de Estado vinculados a los GAL durante la sesión de investidura, recordando que el antiguo presidente del Gobierno español Felipe González tiene las manos manchadas de cal, devolvieron a la memoria la trama que ligó a mercenarios y asesinos a sueldo con agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, sus mandos y responsables políticos, y la impunidad de la que sigue disfrutando el Señor X.

La cuestión moral, o si se prefiere ética, de la política requiere la revisión de las tesis revolucionarias ligadas a justificar o contextualizar el coche bomba o el tiro en la nuca. Un dilema que va más allá del reconocimiento de que se debía haber puesto fin a la estrategia de la violencia “mucho antes”. Las puertas giratorias de la izquieda abertzale que conducen a la cárcel y de las que habla Otegi no deben emplearse como un recurso dialéctico que trate de obviar la responsabilidad moral y política de quienes han conducido una guerra. Como tampoco contar con una mayoría parlamentaria exime de responsabilidad moral en el empleo de la fuerza. El aventurismo intervencionista que ha propiciado la invasión y desestabilización de varios Estados procurando un sufrimiento atroz a sus poblaciones interroga a las democracias occidentales sobre su proyección en el mundo. Una cultura de paz y promover la reconciliación desborda el entorno del terrorismo. Los responsables del Estado español que negaron a la población vasca la educación en su lengua, eliminaron su autogobierno foral y más tarde autonómico o impusieron dictaduras político-culturales, nunca se han disculpado, ni tampoco el ejército español ha pedido perdón por sostener el franquismo. Los promotores y palmeros de la violencia en sus múltiples manifestaciones no cuentan con avales democráticos para eludir sus responsabilidades, en particular para con la voluntad cívica sostenida mayoritariamente por la sociedad vasca.

La cuestión moral, o si se prefiere ética, de la política requiere la revisión de las tesis revolucionarias ligadas a justificar o contextualizar el coche bomba o el tiro en la nuca


Contar con una mayoría parlamentaria no exime de responsabilidad moral en el empleo de la fuerza


COMENTARIOS:Condiciones de uso

  • No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
  • El usuario es el único responsable de sus comentarios.
  • Noticias de Gipuzkoa se reserva el derecho a eliminarlos.
  • Avda. Tolosa 23 20018 Donostia
  • Tel 943 319 200 Fax Administración 943 223 900 Fax Redacción 943 223 902