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Opinión

Nuestro sector pesquero, bajo la amenaza francesa

Por Francisco Javier. Arrieta Idiakez - Martes, 29 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:10h

Barco preparándose para salir del puerto de Hondarribia.

Imagen de archivo de un barco preparándose para salir del puerto de Hondarribia.

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Barco preparándose para salir del puerto de Hondarribia.

No son nuevos los problemas que plantea Francia a nuestro sector pesquero. Todo comenzó con la pérdida de los derechos históricos de pesca, la pesca en aguas francesas, británicas e irlandesas entre las seis y las doce millas.

También a raíz de la creación de las zonas económicas exclusivas, entre las doce y las 200 millas, donde estaban los caladeros tradicionales de nuestros arrantzales. Pérdida que se materializó con el Acuerdo de Pesca entre España y la Comunidad Económica Europea de 1978, y en vigor desde 1981. En efecto, ello supuso la pérdida de vigencia del Convenio Europeo de Pesca de 1964 y del acuerdo pesquero hispano-francés de 1967, que sí reconocían la existencia de los referidos derechos históricos de pesca.

Entonces, muchas embarcaciones, haciendo caso omiso del acuerdo pesquero, siguieron faenando sin las correspondientes licencias requeridas, lo que acarreó momentos de tensión e incluso el recurso a la fuerza por parte de Francia e Irlanda contra las embarcaciones de pabellón español. Así, forman parte de un triste recuerdo sucesos como el ametrallamiento de las embarcaciones Valle de Atxondo y Burgoamendi por la marina francesa o el más grave hundimiento de la embarcación Sonia por la marina irlandesa, embarcaciones todas ellas del puerto de Ondarroa.

España recriminó a Francia que el recurso a la fuerza se encuentra prohibido por el Derecho Internacional, al considerarse una medida desproporcionada en relación con las infracciones en materia de pesca. Pero tras arduas negociaciones, el asunto se resolvió por Canje de Notas de 1986, en el que Francia se comprometió a indemnizar con 70 millones de pesetas a título humanitario y España renunció a ejercer la protección diplomática de sus nacionales y a intentar cualquier acción ulterior ante una instancia internacional.

Perdida la batalla de los derechos históricos, la solución se quiso buscar en las denominadas empresas pesqueras conjuntas, técnica que consistía en el abanderamiento de los buques españoles bajo pabellón extranjero, al amparo de una empresa constituida en el Estado de dicho pabellón con capital mayoritariamente español, pero reconociendo que el empresario español era el auténtico empresario laboral de los tripulantes españoles y que dichos trabajadores continuarían dados de alta en la Seguridad Social española. Así lo demuestra el hecho de que entre 1977 y 1985 solamente en el Reino Unido se crearan 41 empresas con 52 embarcaciones.

Pero los problemas no tardaron en llegar porque los gobiernos británico e irlandés iniciaron a partir de 1983 políticas represivas respecto a las empresas pesqueras conjuntas. Políticas que se solaparan en el tiempo con la adhesión de España, en 1986, a la Comunidad Económica Europea;que supuso para España tener que aceptar unas condiciones muy perjudiciales para su sector pesquero, traducidas en la instauración de un régimen discriminatorio de acceso de las embarcaciones españolas a las aguas y recursos comunitarios y en el desmantelamiento de las empresas pesqueras conjuntas para acomodarlas al sistema de empresas pesqueras mixtas de la entonces todavía Comunidad Económica Europea, lo que supuso, a la postre, perder muchos de los beneficios que venían disfrutando dichas empresas.

El incremento de exigencias y el establecimiento de medidas restrictivas para con las empresas pesqueras conjuntas por parte de los gobiernos británico e irlandés ante lo que consideraban un saqueo de sus cuotas pesqueras por las embarcaciones de dichas empresas, abrió un conflicto judicial que acabó ante el entonces Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE).

Entre otras cuestiones, el TJCE declaró que el Derecho comunitario no se opone a que los Estados miembros exijan ciertos requisitos para conseguir un vínculo económico real entre las embarcaciones y el Estado de su pabellón a la hora de conceder licencias que permitan pescar con cargo a las cuotas de ese Estado, siempre que dicho vínculo respete las políticas comunitarias de conservación y gestión de recursos de la pesca y de las estructuras del sector. Ergo, cualquier exigencia de un vínculo económico que supere este ámbito parece injustificado y parece que puede vulnerar la libertad de establecimiento.

Y si bien dicha sentencia también declaró que resultaba lícita la obligación establecida por el Reino Unido para el capitán y toda la tripulación de los buques de pesca que enarbolaran pabellón británico de cotizar a la Seguridad Social británica, dejaba entrever que ello quedaba supeditado a las excepciones previstas en el entonces vigente Reglamento Comunitario 1408/1971. Y, precisamente, entre dichas excepciones se contemplaba la posibilidad de que la persona que ejerciera una actividad por cuenta ajena a bordo de un buque que enarbolara pabellón de un Estado miembro y que fuera remunerada por esa actividad por una empresa o una persona que tuviera su sede o su domicilio en el territorio de otro Estado miembro, estuviera sometida a la legislación de este último Estado, en caso de residir en dicho territorio.

A partir de 1988 la situación volvió a complicarse cuando el Reino Unido endureció aún más los requisitos para poder faenar bajo pabellón británico. Nuevamente, el litigio entre el Reino Unido y los empresarios de las empresas pesqueras conjuntas acabó ante el TJCE. El fallo resultó favorable para los intereses de las empresas pesqueras conjuntas, pero las argucias judiciales de los británicos supusieron que las indemnizaciones llegaran demasiado tarde, a partir de mediados de 1996, cuando muchas de las empresas pesqueras conjuntas habían desaparecido.

Ahora, desde septiembre de 2015, todo ello vuelve a resonar para aquellas empresas españolas que cuentan con buques de pabellón francés y, cómo no, para las pertenecientes a nuestro sector pesquero. Solamente en el puerto de Ondarroa están afectados 67 trabajadores.

En efecto, el viejo problema vuelve a aparecer con fuerza. Concretamente, la Inspección de Trabajo francesa advirtió en septiembre de 2015 que todos los tripulantes embarcados en buques con pabellón francés deberían afiliarse a la Seguridad Social gala a partir del 1 de enero de 2016, procediéndose, en caso contrario, a la imposición de las correspondientes sanciones, entre las que cabe la posibilidad de inmovilizar los buques. Esta circunstancia cogió por sorpresa también a los empresarios de nuestro sector pesquero que participan mayoritariamente en el capital de empresas francesas con buques de pabellón de dicho país. Porque hasta la fecha no han tenido problemas cuando han contratado tripulantes en España para prestar servicios en dichos buques y han cotizado siempre en la Seguridad Social española, al amparo de la legislación comunitaria y, más concretamente, del Reglamento 883/2004, relativo a la coordinación de los Sistemas de Seguridad Social de la Unión Europea que, al respecto, reproduce lo que ya contemplada el mencionado Reglamento 1408/1971.

Ante la preocupación del sector, la Seguridad Social francesa admitió una moratoria a petición del Instituto Social de la Marina español. Sin embargo, la Inspección de Trabajo francesa no se considera afectada por dicha moratoria y ha mantenido su postura, advirtiendo que actuará contra las empresas que no hayan afiliado a sus trabajadores en la Seguridad Social francesa.

El pasado 3 de febrero se reunieron en París representantes de las administraciones española y francesa y del sector pesquero, reunión que constató la firme determinación de la Inspección de Trabajo gala. Y ello porque considera que existe en Francia una normativa de 1997 sobre el vínculo económico que exige que haya un establecimiento en Francia y que ha de ser dicho establecimiento el que contrate y remunere, conforme a la legislación francesa, y, en consecuencia, también cotice en la Seguridad Social francesa. Mientras tanto, la presión francesa está consiguiendo que algunas empresas afilien también a sus trabajadores en Francia. Así, las preguntas que quedan en el aire son muchas: ¿se producirá una doble cotización? En su caso, ¿qué supondrá para los trabajadores el cambio de afiliación? ¿Resulta conforme al Derecho de la Unión el vínculo económico exigido por Francia? ¿Qué sucede en aquellos casos en los que cabe la posibilidad de alegar la existencia de un grupo de empresa de dimensión europea? ¿Cómo actuará la Administración española ante las decisiones unilaterales de Francia?

El viejo problema reaparece con fuerza. La Inspección de Trabajo francesa advirtió en septiembre de 2015 que todos los tripulantes embarcados en buques con pabellón galo deben afiliarse a la Seguridad Social de este país


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