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La guerra de las banderas catalana

A medida que el ‘procés’ avanza sube la presión judicial sobre los alcaldes que no retiran la estelada de sus ayuntamientos

Domingo, 27 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:11h

Varios ciudadanos pasean frente al ayuntamiento de Manresa, en cuya fachada cuelga una estelada.

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Varios ciudadanos pasean frente al ayuntamiento de Manresa, en cuya fachada cuelga una estelada.

Amedida que el proceso independentista catalán avanza, las tensiones políticas se intensifican y la presión judicial hila más fino con todo lo que simpatice con la secesión. Los desafíos en el terreno de lo simbólico cada vez son más atrevidos, sobretodo en el terreno municipal y las autoridades estatales ya no hacen la vista gorda.

En Euskadi se conoce bien este sedal: entre banderas, fotografías en txoznas, discursos políticos... los despachos de los tribunales están bien nutridos. Hace pocas semanas se conocía que el alcalde de Gernika-Lumo, José María Gorroño (Eusko Abertzaleak) era condenado a pagar 500 euros al mes mientras no ondeara en la fachada de su ayuntamiento la rojigualda “en un lugar preferente y en un tamaño habitual”, según la sentencia. El conflicto de las banderas en las casas consistoriales tanto en Euskadi como en Catalunya ya hace años que colea, pero hasta ahora la justicia española no había puesto gran empeño en perseguir agravios simbólicos de este tipo.

A 623 kilómetros de Gernika, en Berga, localidad de la provincia de Barcelona, capital de la comarca del Berguedà y ciudad hermanada con el municipio vasco, la alcaldesa acaba de ser requerida por la justicia, en este caso por no retirar de la fachada de su casa consistorial una estelada durante la jornada electoral. El goteo de denuncias contra regidores o ayuntamientos por causas relacionadas con el proceso independentista catalán empieza a copar los despachos de los tribunales.

La edil de Berga, Montse Venturós, de la CUP, está citada a declarar el próximo 5 de abril como investigada, o lo que antes se conocía como imputada, por dos delitos electorales. Ni en los comicios autonómicos, ni en las elecciones generales, la estelada fue retirada del balcón del Ayuntamiento. Venturós, se defendió al hacerse pública la noticia alegando que se estaba juzgando la decisión de todo el pueblo y que ni ella ni su equipo pensaban “esquivar el desafío democrático que tienen desde el Estado español”.

Otro edil que se verá las caras con un juez en breves es Joan Coma, regidor del Ayuntamiento de Vic que está acusado de incitación a la secesión, delito por el que se le pueden llegar a pedir 8 años de prisión. El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional estimó que la petición del fiscal, que se basa en unas declaraciones que el joven realizó durante uno de los plenos del Ayuntamiento, era motivo suficiente para imputarle semejante delito.

La Audiencia Nacional no está dispuesta a pasar por alto ninguna muestra de simpatía por el proceso independentista por parte de ninguna institución pública, sea del color que sea. En diciembre, los medios de comunicación se hacían eco de que Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional denunciaba a 5 municipios catalanes por actos de rebelión y sedición. Las localidades gobernadas por Convergència Seu d’Urgell, Sant Cugat del Vallés, Igualada y Girona -ciudad regida entonces por el actual resident de la Generalitat, Carles Puigdemont- así como Celrà, gobernada por la CUP, han sido denunciadas por haber aprobado en sus plenos mociones de apoyo a la resolución independentista que aprobó el Parlament y que el Tribunal Constitucional suspendió a los pocos días. Estos cinco consistorios se enfrentaban también a las acusaciones de prevaricación, uso indebido de fondos públicos y usurpación de funciones.

La causa abierta a Sant Cugat del Vallés es la única que a día de hoy ha sido archivada por el juez de la Mata, que esgrime que los delitos de sedición y rebeldía requieren “actos concretos” que “inciten” a la ciudadanía y en estos casos, no existen dichos actos. El resto de casos están en manos de los jueces Fernando Andreu, Santiago Pedraz e Ismael Moreno.

Y suma y sigue. De esta forma las actuaciones judiciales van subiendo de tono y de número a medida que Catalunya avanza en su deseo de autodeterminarse. Según la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), en los últimos dos años se han abierto 336 procesos por parte del Estado español contra municipios por causas relacionadas con el procés. Esta organización tiene contabilizados 118 ayuntamientos denunciados por no colgar la bandera española de forma visible en la fachada del ayuntamiento y a 116 por impulsar la soberanía fiscal de Catalunya.

Para la delegada del Gobierno español, María de los Llanos de Luna, instigadora de todas las denuncias, también es motivo de acusación pagar la cuota de la AMI, ceder locales públicos a dicha asociación y contratar trenes con dinero público para acudir a las manifestaciones del 11 de septiembre. También ha denunciado a 47 consistorios por declararse “territorio catalán libre y soberano”.

El acoso a los gobiernos municipales por parte de la justicia no hace más que atizar la gesticulación de la ciudadanía que, a cada sentencia o citación, reacciona con movilizaciones y concentraciones de repulsa delante de los entes públicos de cada municipio. Entidades como Alerta Solidària o partidos como la CUP ya están organizando una nueva plataforma de apoyo a los encausados y a los ayuntamientos rupturistas.


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