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La prueba de Sidenor

Por Carlos. Etxeberri - Domingo, 27 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:12h

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Parece que en este país seguimos sin aprender de las consecuencias de una crisis que ha puesto de relieve la vulnerabilidad de la economía que sigue inmersa en parámetros de incertidumbre y crecimientos muy débiles a nivel mundial, hasta el punto de que algunos ya pronostican la llegada de una nueva recesión, lo que evidencia de manera radical que ya nada va a ser igual a la situación anterior a septiembre de 2008 cuando saltaron todas las alarmas con la quiebra del banco Lehman Brothers.

La crisis nos ha hecho más débiles y, por lo tanto, parece que la respuesta a una situación de fragilidad tiene que venir desde la fortaleza que nace de la alianza y de la unión que de la persistencia de una especie de reino de taifas en el que cada uno trata de resolver sus problemas sin tener en cuenta que el escenario en el que se desarrollan y las afecciones que se generan son comunes para todos. En una coyuntura como la que estamos viviendo el tamaño importa y mucho, tal y como lo estamos comprobando a diario.

Esa especie de disputa para ver quién es el primero en poner en marcha nuevos instrumentos o tratar de resolver los problemas específicos como propios cuando la crisis ha vuelto a constatar, una vez más, la clara dependencia global de nuestra economía es lo que parece deducirse de este inusitado interés que de manera pública ha aflorado recientemente por parte del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia sobre la puesta en marcha de fondos de inversión destinados a la toma de participaciones en empresas y a incentivar y desarrollar nuevos proyectos innovadores en Euskadi.

En menos de tres semanas y en medio de una gran preocupación en sectores económicos y empresariales, hemos conocido la intención del lehendakari Iñigo Urkullu, de poner en marcha un fondo vasco de inversión desde la colaboración público-privada para financiar inversiones estratégicas en Euskadi e impulsar la innovación para el desarrollo de proyectos con un mayor futuro tecnológico y el plan de la Diputación Foral de Bizkaia, que está en fase muy avanzada, para tratar de captar capital privado mediante el establecimiento de ventajas fiscales para fomentar, por un lado, la toma de participaciones accionariales de empresas y por el otro, servir de respaldo a la concesión de créditos por parte de entidades financieras.

Aunque pueda parecer que el plan que impulsa el lehendakari Urkullu y el que desarrolla la Diputación Foral de Bizkaia se asemejan, sin embargo son distintos. El Gobierno Vasco trata de recuperar el modelo del Plan de Ayudas a la Financiación de las Pymes puesto en marcha en 2009 con el objetivo de resolver los problemas de circulante que tenían las empresas por la caída del crédito financiero y que contó con una dotación pública de 500 millones de euros. En aquella ocasión las SGR Elkargi y Oinarri tuvieron un destacado papel, junto con las entidades financieras que operan en el país, y ahora se quiere ampliar la participación a las EPSV, fondos de capital e inversores privados.

El proyecto que prepara la Diputación Foral de Bizkaia parte de la exención del Impuesto de Patrimonio para grandes empresas, inversores corporativos, sociedades patrimoniales de origen familiar, etc., para la creación de un fondo de unos 250 millones de euros, con el fin de tomar participaciones en empresas de tamaño mediano que se encuentren en un proceso de expansión o de internacionalización. También se plantea la deducción fiscal, en este caso del IRPF, que puede situarse en torno al 15% de las cantidades invertidas con un tope que puede situarse entre los 6.000 y 12.000 euros, para contribuyentes individuales que participen en un fondo que actuaría de respaldo a la concesión de créditos bancarios para financiar proyectos de innovación.

Mientras el plan de Urkullu parte de las competencias propias del Gobierno Vasco, el que lidera el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, parece que de partida se promueve desde la unilateralidad y sin la comunicación previa con las otras dos diputaciones vascas cuando afecta de manera importante a la pretendida armonización fiscal entre los tres territorios, sobre todo cuando los problemas que trata de resolver son comunes en los tres territorios. Mucho más cuando en Gipuzkoa se acaba de modificar el Impuesto de Patrimonio, -que en el gobierno de EH Bildu se denominaba pomposamente como el de la Riqueza y de las Grandes Fortunas-, para igualarlo con el del resto de los territorios.

Si en Gipuzkoa se están produciendo casos de venta de empresas bien posicionadas tecnológicamente e internacionalizadas a inversores extranjeros por ausencia de recursos financieros para su desarrollo o por falta de continuidad de una propiedad de origen familiar con lo que significa de deslocalización de los centros de decisión, en Bizkaia han visto recientemente como dos compañías del sector de automoción y bien posicionadas en sus respectivos segmentos han sido adquiridas por inversores mexicanos e indios con todo lo que ello significa.

La falta de instrumentos financieros para mantener y anclar las sedes sociales y los centros de decisión de las empresas estratégicas en el entorno junto con la potenciación de los sectores más tecnológicos y de mayor proyección de futuro es un problema que afecta al conjunto del país, por lo que la respuesta que se tiene que dar no puede ser de carácter unilateral, como si se tratara de una carrera para demostrar un determinado nivel de eficiencia del promotor. No parece de recibo en la situación en la que nos encontramos que determinados agentes hayan tenido reuniones en dos instituciones diferentes para hablar del mismo problema.

La decisión del cierre de las plantas de ArcelorMittal en Sestao y Zumarraga es el ejemplo claro de cómo la respuesta al problema generado por la multinacional angloindia debe ser tratado de manera conjunta por las instituciones vascas tanto comunes como forales, al entender que la envergadura de la situación es tal que requiere de interlocuciones fuertes, solventes y creíbles. El caso de Edesa con respecto a Fagor Electrodomésticos, en donde desde Bizkaia se intentó dar una solución a “su” fábrica, sin tener en cuenta el conjunto de la empresa a la que pertenecía, es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer.

Esa visión de país y la urgente necesidad de dotarse de instrumentos financieros de inversión propios se va a poner a prueba en las próximas semanas en el proceso de venta de Sidenor, -la filial de la multinacional brasileña Gerdau que cuenta con plantas productivas en Basauri, Azkoitia y Vitoria y otras instalaciones menores en Legazpi, Soraluze y Legutio con una plantilla de 1.500 trabajadores-, al existir ya, según parece, ofertas por parte de inversores, alguno de ellos con serias dudas sobre su futura continuidad por ser competencia del grupo.

Es necesario que Sidenor vuelva a estar en manos vascas, al igual que lo estuvo hace diez años, recupere su centro de decisión en este país y se evite que caiga de nuevo en poder de la multinacional de turno con las consecuencias que estamos viendo durante los últimos meses en Euskadi.

Hay que tener en cuenta que el 60% de la producción de Sidenor, que tiene una cuota del 6% del mercado europeo de los aceros especiales, tiene como destino el sector del automóvil que está en crecimiento, mientras el 15% se destina a las energías renovables y un 10% en el segmento de petróleo y gas, fundamentalmente, en las plataformas de extracción.

El valor actual en libros de Sidenor que puede rondar los 175 millones de euros, a los que hay que descontar una deuda de 60 millones, no parece a priori una cantidad imposible de conseguir para entrar en la puja por parte de un inversor vasco, teniendo en cuenta el gran efecto económico y social que para este país va a suponer que esta empresa vuelva a estar en manos vascas.

En Francia, se han producido casos -basta recordar el de Fagor Brandt-, en donde las instituciones se movilizaron para conseguir los fondos bancarios necesarios para que las plantas siguieran funcionando y encontrar al inversor que las adquirió tras el proceso concursal. Hace poco se ha comunicado que París ha devuelto las supuestas ayudas de Estado que la UE le reclamaba. La venta de Sidenor va a ser otra prueba más no solo del futuro de la siderurgia de Euskadi, sino del mantenimiento de un tejido productivo que es básico para la economía vasca.


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