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Colombia acaricia la paz

El Gobierno colombiano y las FARC habían fijado la firma del esperado acuerdo de paz bilateral para el 23 de marzo, un plazo que se cumplió ayer sin cerrarlo. Ambas partes reconocen que el proceso se alargará varias semanas más

Un reportaje de Marta Martínez - Jueves, 24 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:11h

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y Rodrigo Londoño, líder de las FARC, protagonizan un histórico apretón de manos en presencia de Raúl Castro.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y Rodrigo Londoño, líder de las FARC, protagonizan un histórico apretón de manos en presencia de Raúl Castro.

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Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y Rodrigo Londoño, líder de las FARC, protagonizan un histórico apretón de manos en presencia de Raúl Castro.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se dieron el pasado 23 de septiembre un histórico apretón de manos en La Habana tras anunciar el acuerdo alcanzado en materia de justicia transicional, clave para alcanzar la paz tras décadas de conflicto. Ambos se dieron entonces un plazo de seis meses para firmar un ansiado acuerdo que llevan negociando en la isla caribeña desde octubre de 2012. Sin embargo, la fecha se cumple hoy y ambas partes han reconocido los últimos días la dificultad de cumplir con el calendario.

“Por cumplir una fecha, no voy a firmar un mal acuerdo”, manifestó el mandatario colombiano el pasado día 9. “Después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo yo le digo a la contraparte: pongamos otra fecha”, manifestó. Los negociadores de las FARC secundaron la propuesta apenas un día después. Al respecto, Timochenko reconoció que las discrepancias sobre las zonas de ubicación de los guerrilleros han retrasado el proceso. “Ya habíamos hablado de que era imposible llegar al acuerdo final el 23 de marzo, pero podíamos sacar algo y qué mejor que el cese el fuego bilateral y definitivo, donde le podíamos anunciar a Colombia: ha terminado la guerra”, propuso el líder de la guerrilla desde La Habana.

Los negociadores del Gobierno y la guerrilla discuten en estos momentos el quinto punto de la agenda fijada al inicio de las conversaciones: la finalización del conflicto y dejación de armas. “Los temas de las zonas de ubicación para la dejación de armas y el modelo de seguridad del posconflicto eran dos temas que estaban bastante avanzados, pero la semana pasada hubo una crisis en las negociaciones”, asegura Ariel Ávila, coordinador del Observatorio Fundación Paz y Reconciliación. “El modelo de negociación de La Habana contempla una subcomisión. Es decir, hay una mesa de negociación, pero otros miembros de las FARC y el Gobierno crearon una subcomisión de finalización del conflicto. Esta llegó a unos acuerdos y los llevó a la mesa principal, sin embargo, todo parece indicar que el gobierno desconoció esos acuerdos y llevó una propuesta alterna, algo que no gustó a las FARC. Justo después se filtró una comunicación de Timochenko en la que decía a su tropa que se preparara por si algo llegara a pasar. Esto generó una pequeña crisis, pero el hermano del presidente, Enrique Santos, viajó a La Habana y parece que el problema se ha resuelto”, explica Ávila. Además de superar estas diferencias, las partes deben abordar un último tema que aún no se ha tratado, el de la refrendación de los acuerdos.

“Tanto el Gobierno como las FARC creen que los acuerdos de paz requieren de algún tipo de apoyo popular, legislativo, jurídico. El Gobierno se la jugó por dos mecanismos, un plebiscito y una comisión legislativa para la paz;es decir, que una parte del congreso legislaría para volver leyes todo lo que está en los acuerdos de paz. Por su parte, las FARC creen que esto no sirve, que esa comisión legislativa los puede traicionar, que ellos necesitan algo mucho más fuerte y han propuesto una Asamblea Constituyente”, sostiene el analista.

A pesar del retraso y de las actuales diferencias en los puntos de discusión, las partes han querido dejar claro que las negociaciones avanzan. “La agenda está acordada en más de un 90%, es muy difícil que esto dé marcha atrás”, coincide al respecto Ávila. Sin embargo, la percepción popular no es la misma. Una encuesta reciente de la firma Gallup señala que el respaldo de los colombianos al proceso de paz ha caído en los últimos meses del 52% que en enero consideraba que los diálogos avanzaban satisfactoriamente, al 37% actual. Por contra, el 57% de los encuestados piensa que el proceso va por mal camino, frente al 44% que tenía esa opinión hace dos meses. Para Ávila, esta percepción popular se explica por cuatro motivos: “En primer lugar, ha faltado mucha pedagogía para la paz. En muchos sectores hay opiniones creadas, erradas. Por ejemplo, se considera que en La Habana se están negociando cosas a escondidas y lo cierto es que hace más de ocho meses que los acuerdos son públicos, pero nadie los lee. Ha sido la oposición del expresidente Álvaro Uribe la que ha liderado esa pedagogía. La segunda es que Colombia tuvo un conflicto de baja intensidad, esto no fue una guerra civil, y las grandes ciudades nunca han vivido el conflicto. A estas sociedades urbanas no les importa mucho la paz porque no sienten un beneficio inmediato, aunque lo vayan a tener. Esto explica por qué a la sociedad urbana no le gusta el proceso de paz y a la sociedad rural, sí. Otra vez falta de pedagogía. Lo tercero es que el presidente ha cometido varios errores como fijar fechas, presionado por la oposición. Presionó a las FARC para fijar una fecha como si esto fuera una carrera contra el tiempo. Y lo último es que hay un proceso de paz, pero dos realidades. Hay un proceso de paz en La Habana que va bien y un proceso de paz en Colombia que va mal, porque la gente no entiende, no le explican, no le importa”.

Cuatro grandes acuerdosEn tres años y medio de negociaciones, el Gobierno y la guerrilla han llegado a cuatro grandes acuerdos. El primero, sobre la tierra, una cuestión que muchos analistas consideran el elemento central en los orígenes del conflicto. Las partes acordaron la creación de un fondo de tierras de distribución gratuita, además de una formalización de la propiedad rural. Se entregarán subsidios y se creará una jurisdicción agraria. El segundo, sobre la participación política. Según este acuerdo, se establecerán mecanismos para la creación de nuevos partidos políticos, así como circunscripciones especiales en las zonas más afectadas por el conflicto. Además, las partes se comprometieron a que “quienes ejercen la política tengan la seguridad de que no serán víctimas de las armas”, un compromiso importante para las FARC, que temían convertirse en objetivo tras dejar las armas.

El tercer acuerdo fue sobre drogas ilícitas y se consensuó la sustitución y erradicación de los cultivos. Asimismo, se acordó tratar como un problema de salud pública el consumo de sustancias ilícitas e intensificar la lucha contra el narcotráfico. Las negociaciones sobre el cuarto punto fueron las más importantes de este proceso hasta el momento, ya que trató el tema de víctimas y justicia, y contaron con los testimonios de aquellos que han sufrido el conflicto en sus carnes.

Para el anuncio de este acuerdo Santos y Timochenko viajaron a La Habana y protagonizaron su histórico apretón de manos. Sin embargo, hubo que esperar hasta el 15 de diciembre para conocer la versión final del mismo. Sobre este punto, las partes acordaron la creación de una jurisdicción especial para la paz con un tribunal compuesto por cuatro salas con tres magistrados colombianos y dos internacionales cada una. Una de ellas será la de Amnistía e Indulto, que se aplicará a los delitos como rebelión y conexos, es decir, para aquellos que no cometieron delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. Para estos casos, esta jurisdicción establece tres opciones: “Si dice la verdad, puede recibir una pena de cinco años de restricción a la libertad;si no cuenta la verdad, puede recibir una pena de hasta 20 años de cárcel, no de restricción a la libertad, y si cuenta parcialmente la verdad, va a recibir una pena de entre 10 y 15 años de cárcel”, explica Ávila.

“Este es un modelo que se centra en las víctimas y en la verdad, basado en la justicia restaurativa que contempla el derecho internacional”, agrega el analista colombiano. A través de esta justicia restaurativa, víctima y victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, por ejemplo a través del desarrollo de obras, en los casos en los que la pena no sea la cárcel. La polémica sobre este punto estalló en Colombia cuando algunas voces se preguntaron si el delito de narcotráfico era amnistiable. “El narcotráfico es un delito común. Por lo tanto, quienes se hayan concertado para cometer el delito de narcotráfico cometieron un delito común. Los delitos comunes no son amnistiables”, zanjó el exmagistrado Manuel José Cepeda, miembro del equipo jurídico que asesora al Gobierno en las negociaciones, al diario El Tiempo.

desminado Fuera de la agenda, las FARC y el Gobierno se han comprometido también a trabajar de forma conjunta en el desminado de zonas rurales y anunciaron la creación de una comisión de la verdad para “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido” durante un conflicto que ha dejado mas de siete millones de víctimas.


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