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La gestión de la RGI genera un aumento de quejas ante el Ararteko

Los ciudadanos interponen reclamaciones por las exigencias y criterios para dar ayudas y por pagos indebidos de Lanbide

Beatriz Sotillo - Miércoles, 23 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:13h

La directora adjunta del Ararteko, Gloria Hernández, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y el ararteko, Manuel Lezertua.

La directora adjunta del Ararteko, Gloria Hernández, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y el ararteko, Manuel Lezertua. (Foto: Efe)

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La directora adjunta del Ararteko, Gloria Hernández, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y el ararteko, Manuel Lezertua.

donostia- Cuando el ciudadano se siente desprotegido ante las administraciones o cuando la respuesta de la maquinaria burocrática le parece injusta o insuficiente puede llevar su queja al Ararteko. Eso es, precisamente, lo que hicieron el año pasado 6.394 personas, muchas de las cuales presentaron reclamaciones relacionadas con el funcionamiento de Lanbide y sus actuaciones en la gestión de ayudas sociales como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

El ararteko, Manuel Lezertua, entregó ayer a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el informe de actividad de la institución correspondiente al pasado ejercicio. Lezertua destacó que el año pasado, al igual que en ejercicios anteriores, los “gravísimos” efectos que la crisis económica y social está teniendo en miles de familias vascas provocó un aumento de las actuaciones del Ararteko, que han pasado de 6.461 en 2010 a 8.938 en 2015. En especial han aumentado las quejas relacionadas con las prestaciones sociales de contenido económico.

Según el informe anual del Ararteko, aumentaron un 25% las reclamaciones relacionadas con los mecanismos de lucha la exclusión social, que se elevaron a 755 frente a las 604 de 2014 y de ellas el 81% estuvieron relacionadas con problemas del funcionamiento de Lanbide y de su gestión de la RGI y de la PCV.

Manuel Lezertua señaló que aunque algunos problemas de gestión de Lanbide -como los procedimientos y el tiempo en el que se resuelven la solicitudes- han mejorado, las quejas aumentaron sobre todo por parte de perceptores de la RGI que han recibido notificaciones, en la que se les exige que devuelvan cantidades indebidamente percibidas por incumplir algunas de las condiciones exigidas. Estas personas aseguran que previamente se les habían concedido las ayudas sociales sin ninguna pega. El ararteko manifestó que las cantidades que se exigen pueden ser “exorbitantes” para unas personas que están en situación de vulnerabilidad.

Otro foco de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo son los requisitos, documentos y certificados que exige Lanbide para conceder o renovar las ayudas sociales. Lezertua citó los requisitos de empadronamiento y la documentación “muy difícil” de conseguir relativa a la percepción de ingresos o unidades de convivencia y señaló que Lanbide aún no ha resuelto estas cuestiones.

Según Lezertua, este importante número de reclamaciones sobre la actuación y los criterios de Lanbide ha provocado que el Gobierno Vasco esté reflexionando sobre el funcionamiento de la gestión de la RGI y “se huele en el ambiente” la posibilidad de que se introduzca alguna mejora en la ley que regula estas prestaciones sociales, adelantó.

ActividadEn cuanto a la actividad de la institución, el informe señala que durante 2015 se realizaron 2.413 actuaciones de consultas telefónicas que demandaban información y orientación y se celebraron 57 reuniones con organizaciones sociales de distinto tipo. También se realizaron 6 visitas de inspección mediante las cuales se evaluó el funcionamiento, recursos, programa de gestión, seguimiento de las recomendaciones del Ararteko de las comisarías de la Ertzaintza de Sestao, de la Policía Local de Santurtzi y de cuatro centros de acogida de urgencias de menores. El año pasado se resolvieron 1.897 expedientes de queja escrita y se dictaron 1.549 resoluciones.

En 2015, tras evaluar la actuación de la administración objeto de la queja, el Ararteko consideró que existía alguna actuación incorrecta en el 43% de las quejas escritas analizadas -lo que supone un decremento respecto de 2014, cuando alcanzaba el 51%- y como no incorrectas casi el 57% de ellas. La administración afectada corrigió y modificó la actuación que originó la reclamación en el 86,2% de los supuestos.

Las áreas que, además de la de inclusión social, presentan un elevado número de reclamaciones son las de educación, vivienda, sanidad, régimen jurídico, bienes y servicios de las administraciones públicas, hacienda, personal de las administraciones públicas y seguridad. Más del 56% de los expedientes de queja tramitados por el Ararteko tienen relación con derechos sociales (educación, sanidad, inclusión social, vivienda, etc.). Además, alrededor del 42% de esos expedientes -sumando los del área de inclusión social- guardan relación con las políticas públicas dirigidas a garantizarla igualdad real y efectiva de todas las personas, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan el ejercicio de ese derecho a determinadas personas: mujeres, personas en situación o riesgo de exclusión social, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas homosexuales o transexuales, personas inmigrantes y diversidad cultural, etc.

De oficioAdemás de estudiar e investigar las quejas que presentan los ciudadanos, el Ararteko emprende, por iniciativa propia, la investigación de diversos asuntos en los que se considera que puede haber actuaciones irregulares de alguna administración pública o en los que se suscita la posibilidad de colaboración o prestación de nuevos servicios. Así, el año pasado se inició la tramitación de 61 expedientes de oficio, destacando por áreas los correspondientes a la Oficina de la Infancia y la Adolescencia y Justicia, así como los referidos a derechos lingüísticos, cultura y deporte, e inclusión social.

Dentro de los expedientes de oficio, el ararteko señala las actuaciones abordadas en relación con Lanbide, como la visita de inspección a alguna de sus oficinas, el procedimiento de reclamación y devolución de prestaciones indebidas que afectaba a un importante número de perceptores de RGI, o la iniciada para difundir los criterios en la gestión de dicha prestación.


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