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Servini apremia al Gobierno español a que le deje investigar los crímenes franquistas

La jueza argentina que investiga la causa aguarda a que el Ministerio de Justicia responda al auto enviado el 9 de marzo

Humberto Unzueta - Miércoles, 23 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:13h

La jueza María Servini tomó declaración a los querellantes en la causa de los crímenes del franquismo el 20 de mayo de 2014 en el juzgado de Gernika-Lumo.

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La jueza María Servini tomó declaración a los querellantes en la causa de los crímenes del franquismo el 20 de mayo de 2014 en el juzgado de Gernika-Lumo.

Donostia- La jueza argentina María Romilda Servini exhorta al Estado español a que le permita interrogar en España a 19 acusados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura franquista, entre los que se encuentran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, y los policías Antonio González Pacheco, conocido como Billy el niño, y Jesús Muñecas. La magistrada pide que su declaración sea cursada a la Audiencia Nacional para que pueda realizar la toma de declaraciones entre los próximos 4 y 22 de abril.

Según pudo confirmar ayer este diario de fuentes de la Secretaría del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, la idea de la jueza es trasladarse a España en esas fechas para interrogar a los querellados dentro de la instrucción de la causa contra los crímenes franquistas. “Nos hemos movido mucho en este asunto, pero no tenemos información ni novedades desde el Gobierno español”, señaló ayer a este diario de manera diplomática una secretaria de la jueza desde los juzgados de Buenos Aires.

El viaje de la magistrada argentina “está en el aire” ya que, aseguran esas fuentes, no han recibido respuesta por parte de las autoridades españolas cuando faltan menos de dos semanas para esa fecha y teniendo en cuenta que en medio están las fiestas de Semana Santa. No descartan que la jueza de las víctimas del franquismo tenga que “reprogramar” sus intenciones y retrasar los interrogatorios a los que no renuncia pese al escaso entusiasmo mostrado por el Estadoen facilitar la instrucción.

El auto fue enviado desde Buenos Aires el pasado 18 de febrero y la Embajada española lo recibió el 9 de marzo. Desde esa fecha obra en poder del Ministerio español de Justicia que, a su vez, debería de trasladarlo a la Audiencia Nacional para que disponga lo necesario a fin de proceder a los interrogatorios. Fuentes de la Audiencia Nacional, negaron ayer la recepción de esta requisitoria, mientras que desde el Ministerio respondieron ayer con un escueto “el Gobierno conoce y está estudiando la solicitud de la jueza Servini, a la que dará contestación cuando proceda”.

De la celeridad del Gobierno español depende que la jueza Servini pueda cumplir los plazos que se ha propuesto. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha sido especialmente proactivo en esta causa que ha padecido diferentes contratiempos que lo han ralentizado. La situación política actual, con un Gobierno español en funciones, que se niega a ser controlado por el parlamento español, tampoco propicia un clima favorable para que el Ministerio de Justicia encarrile a tiempo la petición de Servini.

Desde la plataforma Goldatuz, uno de los colectivos que impulsó la querella contra los crímenes franquistas, su portavoz, Josu Ibargutxi, considera que el Gobierno “se puede refugiar en su interinidad para dejarlo estar” a la espera de ver en qué queda el proceso de investidura del nuevo presidente del Gobierno español. Pero no tira la toalla y asegura estar convencido de que “en julio o a vuelta de verano la jueza Servini insistirá en tomar declaración a los diecinueve acusados”.

Tras la negativa del Estado español a la extradición de los acusados para ser juzgados en Argentina, la doctora Servini -en su país la llaman así porque es doctora en leyes, hija y nieta de jueces y madre de dos hijos abogados- siguió adelante con la causa a pesar de las complicaciones añadidas. Según señala, Argentina es competente en este caso al enmarcar los hechos en crímenes de lesa humanidad. En 2014 ordenó detener a los policías, presuntamente torturadores, Billy el niñoy Antonio González Pacheco pero la Audiencia Nacional española rechazó su extradición por estar prescritos sus delitos.

Al exministro de Gobernación en el Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa le considera responsable político de los asesinatos de los 5 obreros del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, mientras que al también exministro Jesús Utrera le acusa de firmar la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974, mediante el garrote vil.

La titular del Juzgado argentino de lo Criminal quiere interrogar, además de a los cuatro citados, a los también exministros franquistas Antonio Carro, José María Sánchez y Alfonso Osorio, a los abogados y juristas del Estado Carlos Rey, Antonio Troncoso, Fernando Suárez y Jesús Cejas, al médico Abelardo García, y a los militares Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez y Benjamín Solsona. La magistrada invoca el artículo 40 del tratado de extradición y asistencia judicial firmado entre España y Argentina a fin de arbitrar los medios necesarios para tomar declaración a los investigados e instar en las comparecencias a que aclaren respuestas confusas o incompletas, así como repreguntar las cuestiones que no hayan sido debidamente contestadas.

crímenes franquismo

La jueza Servini. Conocida como la doctora, María Romilda Servini de Cubría es una incombustible magistrada del Juzgado de lo Criminal y Correcional de Buenos Aires que, a sus 79 años, acumula una larga y potente trayectoria judicial con ,muchos éxitos y algún fracaso sonoro.

Franquismo. Se hizo con las riendas de la instrucción de la causa de las víctimas del franquismo en septiembre de 2013, al hacerse cargo de la investigación de “bebes robados” en la dictadura.


19 acusados. La jueza argentina investiga los casos de 19 políticos, policías, militares y otros funcionarios implicados durante el final del franquismo y el tardofranquismo en crímenes de lesa humanidad. Entre los investigados destacan el exministro de Gobernación durante el Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa, acusado de ordenar la actuación policial que acabó con la vida de cinco obreros el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. También investiga al expolicía ‘Billy el niño’, presunto torturador de activistas antifranquistas.


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