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La Diputación se reunirá con ayuntamientos y entidades sociales para reformular la AGI

Un informe concluye que esta ayuda “no cumple los objetivos” para los que se creó, “genera nuevas necesidades” en el territorio y fomenta el “efecto llamada”

Iraitz Astarloa - Martes, 22 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:11h

donostia- La Diputación de Gipuzkoa iniciará una ronda de contactos con la oposición, los ayuntamientos y las asociaciones sociales a fin de “reformular” la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), una prestación social que únicamente se cobra en Gipuzkoa y cuya eficacia ha sido analizada por el departamento de Políticas Sociales que dirige Maite Peña mediante un informe.

La diputada compareció ayer en las Juntas Generales acompañada por el Director foral de Planificación y Concertación, Carlos Alfonso, y por el jefe de servicio y autor de dicho informe, Jon Iribar.

Fue precisamente Iribar el encargado de desgranar las conclusiones de dicho informe, que se ha servido de un cuestionario enviado a los ayuntamientos, así como de las opiniones de los técnicos municipales de este ámbito y que las entidades sociales Cáritas, SOS Racismo y Cruz Roja han hecho llegar a la Diputación.

Con todos estos datos y el punto de vista de técnicos y asociaciones, el informe elaborado por la Diputación concluye que la AGI “no cumple con los objetivos de inserción social” de sus beneficiarios, “genera necesidades graves” en los ayuntamientos y provoca un “efecto llamada”, al ser la única prestación de estas características que se cobra en los territorios del entorno. Cabe destacar que esta ayuda exige un empadronamiento mínimo de un año en el territorio, frente a los tres que se requiere en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

“Es necesaria una revisión y reformulación de la AGI, pero Gipuzkoa no dejará a nadie en la cuneta”

maite Peña

Diputada de Políticas Sociales

“La Diputación no sabe cómo quitarse de encima una ayuda social en la que no cree”

Iribar insistió en que la AGI, que cuesta 11 millones de euros anuales y tiene una media de 1.422 beneficiarios mensuales, es una ayuda “para extranjeros”. Desgranó que el perfil mayoritario de los perceptores es el de varón joven “de entre 25 y 35 años”, que está “solo” y no tiene “cargas familiares”. Además, destacó que el 50% “no tiene permiso de residencia”, una factor que a juicio de Iribar se antoja clave porque “estas personas no pueden acceder a servicios públicos de formación o empleo”.

Para el responsable del informe, este hecho debe “hacernos pensar”, ya que esta cuantía económica “no viene acompañada por otros recursos económicos” que podrían facilitar la inserción de estas personas en la sociedad.

Esta es precisamente una de las demandas que tanto ayuntamientos como entidades sociales han trasladado a la Diputación y que ahora será estudiada para ver si se puede llevar a cabo o no.

decisiones políticasLa diputada Maite Peña abogó por la necesaria revisión y reformulación de esta ayuda a fin de que las prestaciones sociales sean “lo más eficientes y eficaces posibles”. No obstante, se comprometió a “no dejar a nadie en la cuneta”.

Esta afirmación no convenció a los partidos de la oposición, que reclamaron a Peña mayor claridad sobre si la Diputación tiene intención o no de eliminar esta ayuda. Especialmente críticos se mostraron en la bancada de EH Bildu, que lamentaron la “campaña de desprestigio” que a su juicio está llevando a cabo la institución foral con respecto a las familias preceptoras de estas ayudas. “El Gobierno foral ya ha tomado la decisión de quitar esta ayuda social, pero hay que saber administrar bien la hipocresía. Por eso, primero se azuza el fantasma del efecto llamada para, después, poder recortar sin un clima de oposición”, apuntó el procurador Ernesto Merino.

“La Diputación sabe que en Gipuzkoa no ha aumentado el número de inmigrantes. Sabe que, de las personas extranjeras que residen en nuestro Territorio, tan solo un 5% cobra la AGI. También sabe que se lleva un control estricto, hasta el punto de que 1.900 solicitudes de ayuda han sido descartadas. Lo que no sabe es cómo quitarse de encima una ayuda social en la que no cree”, sentenció el representante de EH Bildu.


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