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Bis a bis

Bilateralidad y singularidad

Por Juanjo Álvarez - Lunes, 21 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:07h

El debate acerca del recurso a la unilateralidad, la “vía catalana” frente a bilateralidad en las relaciones con el Estado, ha vuelto a emerger dentro de la polémica política. Toda estrategia política tiene sus costes y sus resultados, y hasta el momento la historia nos enseña que perseverando en nuestra base competencial hemos logrado que se reconozca nuestra singularidad sin saltos en el vacío. Si somos nosotros los que rompemos el sistema decaerá nuestra fuente de autogobierno, es un riesgo de reformatio in peius, de reforma contraria a nuestros intereses que no debemos olvidar.

La naturaleza paccionada de nuestros derechos históricos, la capacidad competencial para modernizar nuestro sistema de autogobierno y la iniciativa para poder conservar, modificar y desarrollar nuestras instituciones propias garantizan que estas no pueden quedar menoscabadas mediante unilaterales decisiones del Gobierno central, que bajo el argumento de calificar casi toda su normativa como “legislación básica” ha tratado en la última legislatura de restringir la posibilidad de adoptar en Euskadi medidas y soluciones propias y adaptadas a nuestro modelo de sociedad.

Si tal tendencia persistiera, si no hubiera posibilidad alguna de consenso y se pretendiera minar nuestro autogobierno, ¿debemos ir a una vía unilateral, de ruptura? Creo que no, porque es posible, respetando el propio tenor literal del texto constitucional, reaccionar de forma civilizada y legal. Existe un claro fundamento legal y precedentes históricos con siglos de vigencia (estuvo en vigor hasta su derogación unilateral por el Estado en 1841): se trata del pase foral, plasmado en el popular dicho de que las normas estatales contrarias al Fuero (es decir, lo que hoy supondría y supone nuestro sistema normativo y competencial) “se acatan (u obedecen) pero no se cumplen”.

En virtud de este mecanismo de autodefensa del autogobierno vasco nuestras instituciones podían históricamente, y de facto, hibernar el cumplimiento de las normas dictadas desde la Corona de Castilla, aplazar su aplicación efectiva hasta que se negociase una interpretación de las mismas que no desvirtuase el alcance de las normas y costumbres de nuestros territorios históricos.

No se trata ni de desacato ni de medidas antisistema, porque el pase foral está y pertenece a la esencia de pacto foral, y ancla o fundamenta su reconocimiento en la confianza y en la lealtad recíproca entre instituciones, en lo que hoy debería ser la concepción de bilateralidad en las relaciones entre Euskadi y España. Si quiere darse un verdadero sentido a la disposición del texto constitucional que consagra el derecho a la conservación, modificación y desarrollo, es decir a la actualización de nuestros derechos históricos, si queremos superar la denostada visión de éstos como mero privilegio, si queremos dejar atrás la anquilosada imagen de los derechos históricos como un mero fósil o reliquia histórica para pasar a convertirlos en herramienta útil para el futuro de Euskadi, debemos exigir el respeto a lo acordado en el texto constitucional. Y que se interprete de forma auténtica, conforme al sentido que estuvo detrás de su redacción como norma.

Confundir el deseo de profundización del autogobierno vasco con una supuesta deslealtad constitucional supone desconocer el sentido de pacto, de acuerdo y de consenso. La nación española no es la única que subyace tras la organización política estatal. La propia Constitución alude a otras “nacionalidades y regiones”, sin nominalizarlas, pero con un claro sentido legitimador de un sistema de autogobierno vasco capaz de lograr un desarrollo orgánico y de actualizarse conforme a las necesidades derivadas de la sociedad que demanda instrumentos eficaces para responder tanto a deseos identitarios mayoritarios como a la ansiada superación de esta dura y prolongada crisis financiera y de modelo productivo. Y ello requiere capacidad para adoptar medidas que se ajusten a nuestra realidad social y económica, porque la mimética aplicación de las medidas dictadas desde Madrid gripan y bloquean el motor de nuestra economía real.

El fácil reduccionismo político conduciría a identificar el pase foral con el desacato o la desobediencia civil. Y no supone ni una ni otra cosa, porque tiene acomodo histórico y legal, y porque la ratio última, la verdadera razón de tal inveterada institución no es colocarse fuera del sistema, sino exigir del mismo su adecuación a los pactos existentes, actuando como mecanismo orientado a la negociación, al pacto, a la superación de imposiciones unilaterales. Aprendamos de nuestras viejas instituciones, y exijamos su actualización y desarrollo.

Ojalá se entienda así, desprovisto de la tensión que en este país trae aparejada cualquier politización de las instituciones. Y desde fuera dejen de atacar un sistema como el nuestro que no esconde privilegio alguno, sino que es piedra angular del autogobierno, anclado en algo más que la mera tradición, porque es la esencia de nuestros derechos históricos, de nuestra peculiar e inveterada (ni mejor ni peor que otras, simplemente la nuestra) forma de ordenación de nuestra vida en sociedad.


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