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El ‘caso de Miguel’ y la condena social previa

Por Javier Puertas - Domingo, 20 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:09h

en el año 1764, Cesare Beccaria, en su ensayo jurídico Dei delitti e delle pene, expuso cuáles debían ser los principios fundamentales que debían regir el proceso penal. Esta obra marcó un antes y un después, reformando el derecho penal medieval, caracterizado por su extrema crueldad y la carencia de las mínimas garantías para los acusados, dejándose al arbitrio de las autoridades la aplicación de unas leyes carentes de humanidad.

En este fundamental ensayo jurídico se establecieron los principios inspiradores del proceso penal moderno y que hoy en día son de acerbo común. Principios tales como la presunción de inocencia (por tanto, la carga de la prueba recae en la parte acusadora), la proporcionalidad de las penas y el interés de que el delito y la pena estén próximos en el tiempo con el fin de que esta última cumpla su fin, junto a otros fundamentos básicos fueron aplaudidos por la sociedad ilustrada de la época, inspirando todo el derecho penal civilizado moderno.

El tiempo transcurrido desde entonces podría hacernos pensar que aquella situación medieval está más que superada. Lamentablemente, la realidad jurídica actual nos acerca en ciertos casos a aquellos tiempos pretéritos en los cuales los principios proclamados brillan por su ausencia y abocan a una pérdida de garantías procesales para aquellas personas inmersas en un proceso penal, lo que genera que, en ocasiones, el proceso en sí sea mayor condena, para él y su entorno, que la posible condena que podría recaer en dicho proceso.

Resulta paradójico que en determinados estamentos de la sociedad actual se haya olvidado por completo la aplicación de los principios esenciales establecidos hace ya 200 años: presunción de inocencia, proporcionalidad y derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y exquisito en las formas, garantista con los encausados y que vele por evitar la condena social previa de los investigados. Muy al contrario, en ciertos procesos se está produciendo una estigmatización de los sujetos implicados, que deriva -en especial en delitos contra la administración pública- en la condena social de los investigados.

¿Qué sucede en aquellos casos en los que aún no se ha dictado sentencia y se ha producido una previa condena social y mediática alimentada por una instrucción dilatada en el tiempo, y una, al parecer, elevada petición de penas? Ejemplo reciente lo tenemos en el llamado caso De Miguel. Tenemos un proceso profunda e interesadamente mediático, no exento de relevancia política, con una larga instrucción y que aún no ha entrado ni en su fase final. Probablemente, con la presentación de escritos de acusación, juicio y posibles apelaciones de las distintas partes, nos encontraremos con un proceso que durará más de diez años, lo cual independientemente de que se produzca condena o no, va a llevar aparejada una estigmatización social para los encausados cuya justificación es difícil de defender.

Así, el pasado martes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Reino de España por la “excesiva” e “injustificada” duración de un proceso judicial penal que se extendió durante ocho años y un mes entre el periodo indigatorio, la apertura del juicio oral y el fallo. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege el derecho a un juicio justo “dentro de un plazo razonable”.

Pues bien, en el caso De Miguel, nos encontramos, con lo siguiente:

- Con una instrucción de más de seis años de duración, de los cuales se ha tardado un año y un día (como si de una condena más se tratase) en presentar el escrito de acusación.

- Con una solicitud de penas, multas y fianzas, al parecer, totalmente desproporcinadas en relación a los hechos encausados y a otros casos de corrupción existentes en el Estado, más aún teniendo en cuenta que no se han hallado cuentas en paraísos fiscales, depósitos en Suiza o cualquier otro país, y, ni siquiera, al parecer, un enriquecimiento por parte de ninguno de los encausados, tal y como ha sucedido en aquellos casos.

- Y con, casualmente, un argumento acusatorio basado en la afiliación política común de los encausados, en el cual, al parecer, la pertenencia a EAJ/PNV de gran parte de los imputados hace el que se presuma una trama de financiación ilegal, sin que se haya presentado, o hecho pública, prueba de cargo alguna en relación a esta afirmación, lo cual hace que el presente caso tome un cariz político, que debería ser ajeno a un proceso penal por respeto a las garantías procesales de los imputados.

Así, el caso de Miguel corre serio riesgo de generar importantes titulares durante la sustanciación del proceso, titulares estos ajenos a las conductas personales o supuestamente delictivas de los encausados y sí más próximos a cuestiones políticas que deberían estar alejadas del procedimiento judicial. Estará en manos de los tribunales de Justicia el aplicar la legalidad vigente, sin más demoras que dilaten el proceso, analizar las pruebas y condenar o absolver a los encausados, de tal manera que esta actuación judicial este exenta de los componentes claramente políticos del presente caso, para garantizar, no ya solo el imperio de la Ley, sino, también, los principios procesales y derechos fundamentales de los encausados, con el fin de minimizar la condena social previa a la sentencia que lleva aparejada este procedimiento, y que se está dando injustamente, en el presente caso.


Abogado

La pertenencia al PNV de gran parte de los imputados hace que se presuma una trama de financiación ilegal sin que haya prueba de cargo alguna


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