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La historia se repite

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 20 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:09h

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la historia vuelve a repetirse de manera inexorable. El problema es que lo hace con tanta rapidez que, prácticamente, nos estamos malacostumbrando a que el cierre de una planta por la multinacional de turno se convierta en un mero trámite que apenas tiene transcendencia solo en los directamente afectados, mientras que el resto de los ciudadanos, anestesiados en la reacción, ve pasar el acontecimiento en medio de un gran suspiro pensando que en esta ocasión han podido librarse de engrosar las listas de Lanbide.

Pero en esta ocasión, Arcelor Mittal ha demostrado su verdadera identidad como la gran multinacional que es, y el poder que le confiere ser el primer productor de acero del mundo y contar con 100 plantas productivas y varias minas de hierro y carbón distribuidas por 22 países, al decretar el cierre de su planta en Zumarraga a tan solo mes y medio de que decidiera suspender la actividad en la ACB de Sestao.

Por ese motivo, al angloindio Lakshmi Mittal, que es el propietario de una compañía que funciona de manera familiar, en la que sus dos hijos ocupan los cargos más importantes del grupo, ha ordenado el cierre de la planta de Zumarraga por una cuestión que responde solo a criterios de rentabilidad o afección en la cuenta de resultados. A alguien que funciona con esos parámetros de mercado y de negocio sin ninguna vinculación con este país, difícilmente se le ha podido pasado por la cabeza que detrás de la clausura de esa fábrica no solo hay 325 trabajadores con sus respectivas familias, más los 200 puestos de trabajo inducidos, sino la desaparición de la principal empresa de una localidad como Zumarraga y su afección a una comarca como es la del Alto Urola.

En definitiva, todo un golpe mortal a la economía de un pueblo que ha vivido cautiva de una empresa que antes se denominaba Esteban Orbegozo y ahora Arcelor Mittal. La diferencia entre una y otra es que mientras los Orbegozo vivían en Zumarraga, hasta el punto de que uno de sus miembros fue secuestrado por ETA en 1982 cuando salía de misa, Mittal -desde su domicilio en Londres, donde controla su imperio del acero-, difícilmente sabe dónde ubicar en el mapa esta localidad guipuzcoana. Es un claro ejemplo de los efectos que tiene la globalización y la deslocalización de los centros de decisión de las empresas ubicadas en este país que han sido vendidas a inversores extranjeros, sobre todo en el sector siderúrgico.

Desde esta perspectiva, es muy difícil que instituciones regionales, en este caso el Gobierno Vasco, puedan hacer algo más que darse por enteradas, cuando desde la propiedad la comunicación a las instituciones concernidas de decisiones tan importantes como el cierre de una planta productiva tiene más de actuación de cortesía sobre un hecho ya adoptado y estudiado en toda su extensión que la invitación a la puesta en común de pareceres en la búsqueda de una solución que evite, precisamente, lo que la propiedad ya ha acordado con anterioridad.

Pensar que una multinacional como Arcelor Mittal pueda llegar a desdecirse y plantearse la reanudación, aunque sea de manera parcial, de la actividad de la planta de Zumarraga es un argumento desde todo punto voluntarista e ingenuo que no hace sino crear falsas expectativas, sobre todo entre aquellos que están directamente afectados en la decisión tomada, por muy duro que pueda parecer aceptar una realidad impuesta.

La esperanza es lo último que se pierde y hay que apostar por ello, pero conociendo el precedente de actuaciones como las que ha protagonizado Arcelor Mittal en Zumarraga, habrá que colegir que las posibilidades de llevar a cabo un propósito de enmienda son pocas, sobre todo cuando la situación del sector del acero en el mundo es muy complicada en estos momentos. Hay que recordar que en agosto de 2014 Arcelor Mittal anunció de manera sorpresiva, como en esta ocasión, el cierre de la factoría como amenaza para forzar una reducción salarial y una mayor flexibilidad laboral.

Los trabajadores respondieron al reto reduciéndose sus salarios en un 12% y aumentaron en 40 horas la flexibilidad laboral en función de los picos de producción, mientras que por parte de la multinacional no parece que ha habido contraprestaciones en la puesta en marcha de un plan de negocio que tuviera como objetivo el mantenimiento de las instalaciones industriales y hacerlas más competitivas. Es más, no se ha hecho ninguna inversión en la planta que, en este momento, tiene una producción de 350.000 y 400.000 toneladas, la mitad de su capacidad total de la producción a la que se había comprometido Mittal.

Precisamente, si el Gobierno Vasco, a la sazón presidido por el socialista Patxi López, no hubiera vendido en el año 2011 el 10% del capital que poseía en ACB de Bizkaia, con el fin de hacer caja ante la caída de los recursos disponibles como consecuencia de la crisis, probablemente, Arcelor Mittal hubiera actuado de otra forma, planteando la realidad encima de la mesa, de manera menos contundente y buscando el consenso con su principal accionista. Esa pequeña participación del Gobierno Vasco hubiera servido no solo para evitar la paralización de la ACB de Sestao, sino también en la búsqueda de otras soluciones diferentes a las del cierre de Zumarraga.

Es un sarcasmo que la ahora candidata del PSE y entonces consejera de Justicia y Administración Pública y portavoz, Idoia Mendia, pida al Gobierno Vasco que en el plazo de dos meses presente un plan de dinamización de las zonas de influencia afectadas por el cierre de las acerías y que más de un dirigente socialista haga mutis por el foro cuando se plantea la cuestión, cuando si aquel Ejecutivo socialista no hubiera actuado de la manera tan frívola que lo hizo -en lo que se refiere al mantenimiento de los centros de decisión en Euskadi, en este caso, a través de la presencia en los consejos de administración-, hoy la historia se escribiría de otra forma. El caso sirve igual para la BBK, en aquel entonces presidida por Mario Fernández, que también se deshizo de una participación del 10% que tenía en la ACB de Sestao.

El hecho de que la producción de Arcelor Mittal de acero común en Euskadi haya caído a la mitad desde 2008 como consecuencia de la crisis económica y la falta de recuperación del sector de la construcción es un argumento que puede ser concluyente para la adopción de drásticas medidas por parte de la empresa, sobre todo en un sector donde los márgenes comerciales son cada vez más estrechos por la fuerte competencia existente.

De la misma forma que el dumping chino, que ha provocado que las importaciones de acero procedente del gigante asiático hayan registrado el año pasado un aumento del 57% en el Estado, pone en evidencia no solo la inoperancia de los gobiernos centrales europeos a la hora de atajar estos problemas, sino también la incapacidad y lenta burocracia de la UE, que para la adopción de medidas restrictivas al comercio chino tienen que pasar nueve meses cuando en Estados Unidos la respuesta ante casos semejantes es de cuatro.

De la misma forma, la apelación a los costes de la energía eléctrica puede parecer poco verosímil en algunos aspectos si, en línea con lo que afirma el Gobierno Vasco, no se ha querido apostar por la innovación que hubieran dado lugar a una reducción importante en este capítulo al igual que han hecho otras empresas que se han enganchado a la red de 130 kilowatios de tensión y no a la de 32 kilowatios, existente en general y de manera incomprensible en Euskadi, donde el coste del peaje de conexión es más caro. Existe el caso de una empresa química que, por hacer una inversión de cerca de dos millones de euros y conectarse a la red de más potencia, la factura eléctrica le va a suponer un ahorro del 25%.

En este sentido, habría que recordar que el acuerdo al que el PNV llegó con el PP a finales de 2013 en la reforma eléctrica que puso en marcha el ministro de Industria, José Manuel Soria, para la reducción en 50 millones de euros en dos años de los peajes de acceso a tensiones iguales o superiores a los 30 kilowatios, parece que no ha tenido el efecto deseado.

El caso de la ACB de Sestao como el de Zumarraga tiene que servir al Gobierno Vasco para establecer la red de interlocuciones en lo que se refiere a política industrial en Bruselas y no en Madrid, que cada vez pinta menos en el concierto europeo. La intervención de la consejera Arantxa Tapia, hace unas semanas ante la conferencia de la Comisión de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes en Bruselas, y la carta remitida por la comisaria de Comercio no deben ser hechos aislados, sino el precedente de una mayor presencia e influencia vasca allí donde realmente se deciden las grandes decisiones de los países europeos. La decisión de la CE adoptada esta semana de que las cuatro haciendas vascas puedan participar en un programa europeo destinado a mejorar el funcionamiento de los sistemas tributarios de la UE mediante una mayor cooperación de los países participantes, gracias a una iniciativa de la europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, es un buen ejemplo de ello.


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