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Lula no podrá ejercer hasta que se resuelva su situación judicial

Rousseff tomó ayer juramento al exmandatario brasileño como ministro de la Presidencia

Viernes, 18 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:14h

Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff, durante la investidura.

Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff, durante la investidura.

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Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff, durante la investidura.

Brasilia- “En Brasil es así: cuando un pobre roba, va a la cárcel;pero cuando un rico roba, se convierte en ministro”. Esta frase pronunciada por el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en 1988 le jugó ayer una mala pasada. Rescatada de la hemeroteca por los medios brasileños, su discurso contra la corrupción corrió ayer como la pólvora en redes sociales justo el mismo día que el exmandatario tomaba juramento como ministro del Gobierno de Dilma Rousseff mientras es objeto de una investigación judicial.

Lula es, desde ayer, ministro de la Presidencia, pero no podrá ejercer las funciones de su cargo hasta que se resuelva la decisión judicial que suspendió su nombramiento, afirmó ayer el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo. Un juez de Brasilia pidió la anulación cautelar del nombramiento de Lula como ministro, pero el Gobierno anunció que entró con un recurso. Lula “tiene un impedimento para el ejercicio de su actuación, pero está investido”, señaló Cardozo en una rueda de prensa en Brasilia.

El abogado del Estado y exministro de Justicia declaró que el ministerio de la Presidencia “no está vacante” y precisó que solo “hubo una suspensión de los efectos de la investidura del cargo”. Cardozo no explicó si tras la decisión judicial que pidió la suspensión de su cargo Lula continúa aforado o no, aunque recalcó que esa cuestión no “preocupa al Gobierno”. El exministro reiteró que Lula fue nombrado titular de la cartera de la Presidencia “para colaborar con el país” y no para que consiguiera el foro privilegiado, un estatus con el que cuentan los ministros y que evita que sean juzgados por un tribunal común.

Cardozo insistió en que la designación de Lula como ministro se dio dentro de los marcos de la ley y cuestionó la “imparcialidad” del magistrado que anuló de manera cautelar el nombramiento del que fuera jefe de Estado, que es objeto de dos investigaciones. El magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, sugirió que Rousseff podría haber cometido un delito y argumentó que si el exmandatario brasileño asume el cargo de ministro tendrá poder para realizar una “intervención indebida y odiosa” en la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. “Creo en la legalidad del acto y es la posición que la Abogacía General de la Unión defenderá”, añadió Cardozo.

Escuchas telefónicasEl abogado del Estado también arremetió contra la decisión del juez Sergio Moro de publicar unas escuchas telefónicas grabadas a Lula. De hecho, una de esas conversaciones, hecha pública el miércoles, generó la sospecha de que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, designó a Lula ministro para demorar el proceso jurídico contra el expresidente, que tomó posesión de su cargo en un clima de protestas en las calles.

En esa conversación, Rousseff dice a Lula que le envió con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use “en caso de necesidad”. El jurista afirmó que el diálogo fue malinterpretado y señaló que el juez Moro, responsable por las investigaciones del caso de corrupción en Petrobras, no tenía competencia para autorizar la grabación de un jefe de Estado. “Es una cuestión de Estado, no pueden quebrar el sigilo de un presidente sin autorización del Supremo Tribunal Federal”, manifestó. Y agregó: “Las comunicaciones de la presidenta de República son cuestión de seguridad nacional”.


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