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España recurre las 35 horas de Euskadi

La Abogacía del Estado presenta un recurso al TSJPV por la decisión del Gobierno Vasco de reducir
la jornada en el sector público, aplaudida por los sindicatos pero duramente criticada por Confebask

Adrián Legasa - Viernes, 18 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:15h

El ahora portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, con el ministro Montoro y Sáenz de Santamaría. Efe

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El ahora portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, con el ministro Montoro y Sáenz de Santamaría. Efe

donostia- La Abogacía del Estado ha llevado a los tribunales la decisión del Gobierno Vasco de recuperar las 35 horas semanales de trabajo en el sector público. La concesión del Ejecutivo de Iñigo Urkullu era una demanda básica de la parte sindical pero ha sido duramente criticada por Confebask, inmersa en una batalla por mejorar la productividad en la empresa privada. Las declaraciones cruzadas entre los responsables empresariales y Lakua trascienden el ámbito mediático y entrarán en terreno judicial si el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admite a trámite el recurso español.

La respuesta del Estado español tiene un marcado componente político en un contexto en el que la Administración central controlada por el PP ha comenzado a devolver a los funcionarios parte de los recortes que realizó en la primera parte de la legislatura. En cambio, el incremento de jornada aplicado para el año 2013, que elevó el tiempo de trabajo de los empleados públicos en las administraciones españolas hasta 37,5 horas semanales, no ha sido revertido como sí ha ocurrido, en parte, con la paga extra suprimida o la congelación salarial impuesta los últimos años.

El Gobierno Vasco, por su parte, se mostró contrario a la batería de ajustes aplicada por Mariano Rajoy pero la condición legal de los mismos, vía legislación básica, forzó a su aplicación en buena parte de los casos. Respecto al incremento de jornada, el área de Función Pública dirigida por Andrés Zearreta tomó la decisión de aplicar una modificación más suave de 22,5 horas más al año, el equivalente a tres jornadas, dejando el volumen total de trabajo anual en 1.614,5 horas. La cifra seguía lejos de lo que se trabajaba en el resto del Estado pero implicaba romper con las simbólicas 35 horas semanales.

El propio Zearreta justificó la decisión en el contexto económico adverso y en el hecho de que, ante una situación de crisis en el sector privado, había margen para pedir a los cerca de 70.000 empleados del Gobierno Vasco “un pequeño esfuerzo”.

Pero el valor que tienen las 35 horas desde el punto de vista sindical es muy significativo, no solo porque se trata de una conquista histórica de los trabajadores sino también por el impacto negativo que tiene el aumento de jornada sobre el empleo. Cálculos de ELA cifran en 9.000 la pérdida de puestos de trabajo en la Administración vasca que ha generado el incremento de jornada. Además, las centrales sindicales recuerdan que las 35 horas de trabajo forman parte de las condiciones acordadas en la mesa general en el año 2000 tras diversas movilizaciones incluida una huelga general en 1999.

Pero precisamente por este valor simbólico y porque la Administración sirve de espejo para la empresa privada, la decisión del Gobierno Vasco de recuperar las 35 horas ha generado malestar en la patronal. El 3 de febrero, el día después de que Lakua aprobase el decreto que fijaba de nuevo las 1.592 horas anuales, Confebask hizo público un comunicado en el que afirmaba que la decisión del Gobierno es “un mal ejemplo para la sociedad”. La patronal recordaba los “esfuerzos” que se piden al sector privado y censuraba el incremento del gasto, de 8 millones de euros, por parte de la Administración “sin hablar de la productividad o un mejor aprovechamiento de sus funciones”.

“beligerancia selectiva”Las críticas han encontrado eco en la Abogacía del Estado, que ha decidido presentar un recurso al TSJPV porque la decisión vulnera la normativa general, a pesar de que en los últimos años la jornada de Euskadi ya era distinta a la del Estado. Si el tribunal de la CAV acepta el recurso se abriría la puerta a la anulación de la reducción de jornada, si bien el abogado del Estado no ha solicitado la suspensión cautelar del decreto, que dependería del juez. Desde el Gobierno Vasco se censura la “beligerancia selectiva” de Confebask ya que otras medidas adoptadas implican un gasto muy superior. Por ejemplo, la devolución de un cuarto de la extra de 2012 a los empleados públicos de la CAV implica un coste de unos 50 millones.


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