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Piden cambiar la ley para evitar las cláusulas abusivas

Stop Desahucios reclama en las Juntas 30 días para recurrir las ejecuciones

Martes, 15 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:06h

Protesta de Stop Desahucios frente a los juzgados.

Protesta de Stop Desahucios frente a los juzgados. (Ainara García)

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Protesta de Stop Desahucios frente a los juzgados.

donostia- El abogado de la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa, José María Erauskin, reclamó ayer en las Juntas Generales un cambio del actual marco legal que impida por ley a las entidades bancarias la inclusión de cláusulas abusivas en las condiciones de los préstamos hipotecarios. Erauskin hizo este emplazamiento en la Comisión de Convivencia y Derechos Humanos del Parlamento foral, ante la que compareció ayer por la mañana para informar sobre su trabajo y el de su compañera, Maite Ortiz, con relación a los consumidores afectados por las cláusulas abusivas y los desahucios.

En una exposición alejada de los tecnicismos jurídicos y bancarios, el abogado de Stop Desahucios repasó la normativa hipotecaria actual, en la que, según dijo, supuso un “punto de inflexión” una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que, en marzo de 2013 cuestionó las ejecuciones hipotecarias en los casos que incluían cláusulas abusivas, lo que obligó al Estado a realizar cambios legislativos.

De esta manera, se incluyó un período de diez días para recurrir la ejecución hipotecaria, tiempo que, a juicio de Erauskin, resulta “ridículo” e “insuficiente”, por lo que pidió a los junteros de los distintos partidos que intercedan ante sus compañeros de partido en otras instancias para que este plazo sea de 30 días.

El miembro de Stop Desahucios aclaró, asimismo, que, en algunos casos retroactivos, la nueva normativa sí les concedió un mes para recurrir su situación, si bien lamentó que el anuncio de esta posibilidad se haya hecho por medio del Boletín Oficial del Estado (BOE), un medio que, a su entender, no es el apropiado para que los afectados pudieran enterarse.

Esta situación que, junto a la posibilidad de incluir cláusulas abusivas, afecta a unas 400.000 familias en todo el Estado, podría ser cambiada por un “Gobierno de progreso”.

El letrado alertó también ante la posibilidad de que próximamente las entidades bancarias planteen abiertamente en sus contratos unas cláusulas abusivas a sus clientes que se vean obligados a aceptar estas condiciones por la situación de necesidad. Finalmente, el abogado pidió, entre otras medidas, que estos casos vuelvan a ser tratados en los Juzgados de lo Mercantil, donde hay jueces “especializados” en estos asuntos, y que se adopte un protocolo por el que en los casos de desahucios con menores implicados se informe a la Fiscalía para que se adopten medidas al respecto. - Efe


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