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El lastre del Estado

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 13 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:13h

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El lehendakari Iñigo Urkullu ha sido claro al señalar que la falta de un gobierno en Madrid, con lo que ello supone de ausencia de toma de decisiones por la situación de interinidad en la que se encuentra el ejecutivo de Rajoy, está lastrando a Euskadi. Para ahondar en esa afirmación puso como referencia la inacción del ministro de Industria, José Manuel Soria, en un asunto tan importante como la puesta en marcha de medidas económicas e iniciativas para proteger el sector del acero que tiene un peso muy importante en el tejido productivo vasco.

No es que haya sorprendido la inoperancia de uno de los peores ministros de Industria que han pasado por Madrid, sino que esa ineptitud ahora viene justificada por su pertenencia a un gobierno en funciones de un PP, que, como partido, está haciendo lo del “perro del hortelano”. La actual situación puede agravarse a nada que persista el escenario de incertidumbre que reina en Madrid y que puede alargarse mucho más si como parece las próximas elecciones generales, previstas para el mes de junio, ofrecen un panorama político muy parecido.

Los efectos de la inestabilidad política que existe en Madrid ya están pasando factura a Euskadi no solo por la inacción de contar con un gobierno en funciones, sino por el reflejo que esa situación de interinidad está teniendo en los mercados. Hace unos días, la agencia de calificación crediticia Moody’s revisó de “positiva” a “estable” la perspectiva asignada al ratingde la deuda emitida por Euskadi al dejarla en Baa1.

A pesar de que la CAV junto con Navarra tienen las mejores calificaciones de todas las comunidades autónomas por parte de Moody’s, Standard &Poor’s y Fitch, la existencia de “cierto grado de incertidumbre”, en relación a la trayectoria de consolidación fiscal por parte de las regiones por el fragmentado panorama político que existe en Madrid, puede dar lugar a una relajación de la reducción del déficit en los próximos años, según entienden los calificadores. Una circunstancia que, curiosamente, no se contempla en la acción del Gobierno Urkullu.

Ese lastre que Euskadi está soportando por la inactividad del gobierno central que reconoce Urkullu es lo que desde otros ámbitos se denomina el coste de la dependencia, es decir las consecuencias negativas que este país está teniendo por las actuaciones y decisiones que se están tomando en el Estado sin contar con la opinión de los vascos y que, a pesar de su intangibilidad, en la mayoría de las veces tienen un coste directo muy importante.

Ese coste de la dependencia se puede constatar ahora de manera clara en el cierre de la ACB de Sestao en que, al margen de la decisión tomada por la multinacional ArcelorMittal en función de sus intereses estratégicos y del dumping chino, uno de los factores que han influido en la aplicación de esa medida ha sido el coste de la energía eléctrica que soportan las acerías vascas y que es un 25% más cara que la que consumen sus competidores alemanes. La aplicación de esa tarifa no la hizo el departamento de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, sino el ministerio de Industria, José Manuel Soria, plegado a los intereses de las eléctricas.

Podríamos seguir con las consecuencias que para nuestra economía ha tenido la desaparición de las cajas de ahorro vascas y la obligación de tener que convertirse en un banco no porque fuera necesario, ya que eran las más solventes de todo el sistema financiero del Estado, sino por la mala gestión, el despilfarro y la inmoralidad con la que políticos españoles del PP y del PSOE actuaron al frente de estas entidades que siguen existiendo en otros países como Francia y Alemania.

En esa lista de intangibles también se encuentran los efectos que una ley como la Lomce puede tener en nuestro sistema educativo y que fue aprobada sin tener en cuenta nuestra realidad.

De la misma forma que la Ley del Cupo, que está prorrogada desde enero de 2011, sigue sin ser renovada por la negativa del Gobierno central a pagar las importantes deudas que tiene con la CAV por el ejercicio de unas competencias en las que ha estado ausente y que el Gobierno Vasco ha tenido que complementar a pesar de no estar transferidas.

En este sentido, la contribución de la CAV al Estado ya no sería a día de hoy el 6,24% que fue el Cupo acordado hace 30 años, sino del 6,07% que es el peso que a día de hoy tiene Euskadi en el PIB estatal, según los cálculos realizados por el exconsejero de Hacienda, Pedro Luis Uriarte, en el estudio que ha realizado sobre el Concierto Económico.

Y en ese análisis certero que ha realizado Pedro Luis Uriarte se constata también otro factor importante en el coste de la dependencia de Euskadi respecto al Estado, al comprobar la pérdida de competitividad a favor de Madrid que en 35 años ha subido un 3,91% su peso en el PIB estatal al situarse en un 18,68%, mientras que la CAV bajaba un 1,46%.

Ese aumento de la brecha económica entre Madrid y Euskadi tiene mucho que ver con una política fiscal tolerada por el Gobierno central que ha hecho que la capital estatal sea una especie de paraíso fiscal que parece que no inquieta a nadie y menos a los que ocupan La Moncloa. Si algo parecido se hubiera desarrollado en este país, a buen seguro hubieran saltado todas las alarmas con los típicos argumentos de deslealtad y falta de solidaridad. Lo paradójico del asunto es que para muchos, los vascos seguimos siendo tildados de privilegiados cuando somos con distancia los que más pagamos al fisco.

La constatación de que Madrid es un paraíso fiscal lo ha puesto de relieve hace unos días el Consejo General de Economistas al constatar que cuenta con los tipos marginales más bajos en el IRPF tanto en las rentas altas como en las bajas, a lo que hay que añadir la inexistencia del Impuesto de Patrimonio y una factura realmente baja en herencias. Todo ello hace que Euskadi sea la región del Estado que tiene una mayor presión fiscal.

Mientras, por citar algunos ejemplos, el tipo marginal del IRPF en Madrid es del 44,5%, en Euskadi se sitúa en el 49% y, en lo que se refiere al Impuesto de Sociedades, una empresa radicada en la capital estatal paga un 25%, tres puntos menos si su sede se encontrara en la CAV donde debería tributar con un 28%.

Pero lo realmente llamativo está en las diferencias que hay en el Impuesto de Patrimonio, que grava la mera posesión de bienes, y que en Madrid no existe hasta el punto de haber utilizado la ausencia de este gravamen como una auténtico spot publicitario para atraer a esa comunidad contribuyentes de rentas elevadas. Una cuestión realmente importante y que tiene un efecto más amplio, ya que esos contribuyentes suelen formar parte de los núcleos duros de las grandes compañías, lo que supone una apuesta en la atracción de los centros de decisión de sus empresas.

El estudio realizado por el Consejo General de Economistas es demoledor en este aspecto al hacer una comparativa entre regiones de régimen común sobre la presión fiscal para un contribuyente con un patrimonio valorado en 15 millones de euros. Mientras en Madrid no pagaría ni un solo euro por el Impuesto de Patrimonio en el caso de Extremadura tendría que abonar 410.655 euros anuales.

Hay que destacar que en lo que se refiere al gravamen de los impuestos personales Euskadi con un 49% ocupa el décimo puesto de los países de la UE al tener una mayor presión fiscal por delante de Italia, Irlanda y Alemania, en tanto que España con un 46% se sitúa en el puesto 17 por delante de Reino Unido, Luxemburgo y Noruega. Una prueba más del coste de la dependencia.


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