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Tribuna abierta

Dar más al que menos tiene

Por Joaquín Arriola - Jueves, 10 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:09h

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Lejos de indagar en las causas del paro, PSOE y C’s creen que lo resolverán desde la creencia liberal de que la demanda depende del precio y la calidad, es decir del salario y la formación.

Más allá de los avatares políticos del momento, la propuesta del PSOE y Ciudadanos en relación al empleo demuestra que el peso de la tradición neoliberal es de tal magnitud que se pueden realizar las afirmaciones más pintorescas y hacerlas pasar por propuestas razonables, siempre que estén en la línea del pensamiento único, que se denomina así porque es el único aceptable para los poderes económicos y financieros que nos gobiernan.

Ambos partidos afirman que hay un grave problema de desempleo en nuestro país y por ello proponen lo que denominan un “plan de empleo”. Pero lejos de indagar en sus causas profundas, creen que van a “empezar a resolver los problemas del paro” mediante un “cambio en el marco de las relaciones laborales” y que acabarán “en el largo plazo, con el drama del paro” gracias a “ la profunda reforma de las políticas activas de empleo”.

Critican la tendencia que ha mostrado el PP a creer que mediante las reducciones en las cotizaciones se incentiva el empleo (“nadie gasta tanto en incentivos como nosotros”), que ha llevado a disponer de “más de 70 modalidades de bonificaciones, exenciones y reducciones de cuotas”, con un coste cercano a los 4.000 millones de euros en 2016, para a continuación proponer… ¡incentivos sobre cotizaciones sociales!;eso sí, al parecer reorientándolos hacia la conversión de contratos temporales en indefinidos -algo que ya puso en marcha el propio PP- y para la contratación de parados de muy larga duración, manteniendo las ayudas a la contratación de personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género.

Pero la medida estrella del plan consiste en reformular las denominadas políticas activas de empleo para dar mayor peso a la denominada “orientación laboral”. Pretenden poner un “tutor” a cada parado y sustituir la oferta de cursos de formación desde las empresas y agentes sociales por unos “cheques de formación” -que recuerdan al cheque escolar de la Escuela de Chicago y Milton Friedman- que cada parado se gastará conforme a sus preferencias y a las buenas sugerencias de sus “orientadores para la formación”, que suponemos serán los mismos tutores.

De este modo, la propuesta de empleo del plan parece que se concreta en la creación de unos cuantos miles de puestos de trabajo de tutores de parados, porque se quiere dar una “orientación personalizada a cada desempleado”. Si cada parado tiene un tutor que le atiende, digamos diez minutos a la semana, se precisarían al menos 20.000 tutores para atender a los 4,8 millones de parados de forma personalizada, al menos durante diez minutos a la semana, tres cuartos de hora al mes. Probablemente más, porque esos miles de tutores necesitarían dedicar parte de su jornada laboral a su propia formación e información sobre la evolución del mercado de trabajo.

El problema es que ni siquiera es seguro que aumentando en esa cifra las plantillas de los servicios de empleo se pueda llegar a generar un solo empleo más de los que se crearían en ausencia de ese servicio.

Ambas medidas estrella de las denominadas políticas activas de empleo -las subvenciones a la contratación y las políticas de formación de parados- responden a la creencia convencional, liberal, de que el mercado de trabajo es como otro mercado cualquiera, y que la demanda depende del precio y de la calidad, es decir del salario y la formación. Al parecer, los ideólogos de las políticas activas creen que si las ventas escasean, hay que bajar el precio y mejorar la calidad para animar a la demanda. Y en esto consisten todas las propuestas que hacen: reducir cotizaciones sociales o dar subvenciones a cambio de contratar parados y dar salida a las existencias de mano de obra, o mejorar la formación para hacer más atractiva la mercancía en exposición.

Pero la demanda de trabajo no tiene nada que ver con la del resto de mercancías. Que durante la gestión del PP se haya reducido la ocupación en 59.000 personas no es consecuencia de los errores en las políticas de subvenciones y reducción de cotizaciones sociales que aplicó, sino de las políticas fiscales de ajuste y las políticas de restricción salarial, que redujeron considerablemente el consumo público y familiar. Que entre las actividades en las que ha aumentado el empleo predominen los trabajos de camareros, telefonista, comerciales y los profesionales de las ciencias físicas, químicas y matemáticas, y entre las que más se han reducido destaquen los de directores de departamentos comerciales y de producción, los ejecutivos, gerentes y supervisores de empresas, los técnicos de las ciencias e ingenierías o los trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología no tiene nada que ver con las cualificaciones que tienen los trabajadores (oferta) sino con el tipo de empleo y de empresas que pueden crearse en un país sometido a la división europea del trabajo y a las reglas del mercado único. Y, por supuesto, a que el principal empleador de titulados superiores sigue siendo el Estado, sobre todo en la enseñanza y la salud.

Porque la demanda en el mercado de trabajo no depende de la relación precio-calidad, sino de la rentabilidad que quien contrata puede extraer del contratado. Y si la política de empleo se empeña en seguir abaratando la mercancía, por la vía de reducir el salario indirecto (cotizaciones) y de mantener el salario mínimo directo por debajo del coste de reposición del propio trabajador, lo que está promoviendo no es un aumento de la contratación, sino la proliferación de chiringuitos empresariales, en los que la precariedad del empleo va de la mano de la precariedad del negocio. Al mismo tiempo, las empresas más solventes obtienen elevadas ganancias que no reinvierten en la producción, porque les llega a las manos gracias a la represión salarial practicada de forma generalizada, no por una política de mejora de la tecnología y la productividad.

La precariedad y la temporalidad en el empleo no es, por tanto, el resultado de disponer de una amplia panoplia de modalidades contractuales, sino de la propia represión salarial. El problema no se resuelve reduciendo los tipos de contratos legalmente vigentes, sino haciendo más costoso contratar de forma precaria que de forma indefinida;llama la atención que a ningún partido se le haya ocurrido que lo que hay que hacer, simplemente, es elevar las cotizaciones de los contratos temporales y de los contratos a tiempo parcial, de modo que sea más caro contratar por estos modelos que mediante contratos indefinidos.

Una medida de este tipo, que establezca una relación directamente proporcional entre el grado de precariedad del contrato y la cotización salarial, garantizaría que los trabajadores más precarios con salarios más bajos coticen adecuadamente al sistema de protección social mediante su salario indirecto y diferido, y permitiría elevar la protección hoy casi nula de la que disponen cuando no están ocupados. El problema es que en la fe de los neoliberales, conservadores o progresistas, los salarios, siempre y especialmente en tiempos de poca demanda de trabajadores, son por definición demasiado altos, por lo que una medida de este tipo es anatema, pues significaría reconocer que los salarios son en realidad demasiado bajos para que se cree empleo y para dotar de estabilidad al mismo.

La única política pública de empleo eficaz es una buena política de empleo público. Buena en el doble sentido de que contribuya a generar un volumen elevado de empleo y a satisfacer importantes necesidades sociales insatisfechas. El plan de marras se limita, por el contrario, en el último párrafo a proponer un programa público de “empleos de transición”, con el cual se pretende financiar “durante seis meses” los ingresos de parados reconvertidos en autónomos y de contratados por los ayuntamientos o por ONG y entidades sin ánimo de lucro. Un plan de empleo corto de miras que además se financiaría con la parte de las reducciones y bonificaciones a la contratación que no se apliquen a la reconversión de contratos o contratación de colectivos con especiales dificultades.

Migajas. Si recordamos que el “Plan E” de Zapatero gastó 7.800 millones de euros en dar empleo temporalmente a más de 400.000 personas;aunque el nuevo plan no se cuantifica, si el ahorro que se pueda dar en los 4.000 millones de incentivos al empleo alcanzara la cuarta parte de esa cantidad, eso permitiría dar empleo durante seis meses a unas 100.000 personas. Falta ambición.

La demanda en el mercado de trabajo no depende de la relación precio-calidad, sino de la rentabilidad que quien contrata puede extraer del contratado


El problema no se resuelve reduciendo los tipos de contratos legalmente vigentes, sino haciendo más costoso contratar de forma precaria que de forma indefinida


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