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En busca y captura un joven acusado de fraude en ayudas sociales de Gipuzkoa

Se le culpa de falsificación y fraude en subvenciones de los ayuntamientos de Oñati, Hernani, Villabona, Andoain y Lazkao

E. Fernández - Viernes, 4 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:12h

Casa Consistorial de Oñati, uno de los ayuntamientos guipuzcoanos donde, presuntamente, el joven estafó dinero.

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Casa Consistorial de Oñati, uno de los ayuntamientos guipuzcoanos donde, presuntamente, el joven estafó dinero.

donostia- En busca y captura. Un joven de 31 años natural de Guinea Ecuatorial está siendo buscado por los cuerpos policiales de Euskadi ya que se le acusa de estafar hasta en una veintena de ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca. Según ha podido saber este diario, el Juzgado de Instrucción número 2 de Araba ha llamado a declarar al acusado este próximo martes día 8, aunque antes tendrá que ser localizado para poder notificárselo ya que todas las direcciones que facilitó en los distintos consistorios en los que solicitó una ayuda económica son erróneas y diferentes.

En este mismo contexto, y según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, será acusado de estafa, falsificación de documentos y fraude de subvenciones. Así, el joven, que responde a las iniciales P.J.N.N., ha pedido ayudas sociales en un buen número de administraciones locales entre las que se contarían consistorios guipuzcoanos como los de Oñati, Hernani, Villabona, Andoain y Lazkao.

Fuera de Gipuzkoa, y según las mismas fuentes, el presunto estafador también habría cobrado dinero de los ayuntamientos vizcainos de Bilbao, Barakaldo, Basauri, Sopela, Lezama, Getxo, Galdakao, Gernika, Muskiz y Erandio, así como de los alaveses de Laudio y Amurrio.

Las supuestas prácticas fraudulentas de este joven incluso podrían haber llegado a la propia Diputación Foral de Bizkaia, donde habría pedido la concesión de prestaciones económicas.

Por ello, el juez que instruye el caso ha enviado una notificación inminente a todos los ayuntamientos implicados para informarles de que el presunto estafador tiene que recibir con carácter “urgente” la notificación “para ser oído en concepto de investigado” de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 486 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como responsable de hechos constitutivos, aparentemente, “de un delito de falsedad documental y estafa”, según informaron ayer mismo a las corporaciones locales. El problema radica ahora en dar con el paradero del joven, ya que su última domiciliación, según detalló en su solicitud de prestación económica, está localizada en Amurrio. No obstante, saber cuál es su domicilio con exactitud está resultando una tarea complicada, ya que en todos los consistorios a los que presuntamente estafó aportó un domicilio diferente, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

El joven debería comparecer este próximo martes, día 8, asistido con su abogado. En caso de no tenerlo se le designará uno de oficio, aunque esto último debería comunicarlo en los próximos días al propio juzgado de Amurrio. Además, y en caso de no comparecer dicho día sin causa justificada, también podrá ser sancionado con una multa de entre 200 y 5.000 euros.

Cobros indebidosLa Renta de Garantía de Ingresos (RGI) está siendo una noticia muy sonada en estos días. Sin llegar a considerarse estafa, pero sí pagos indebidos, este asunto y el consiguiente procedimiento fijado por la Administración General Vasca para la devolución de las cantidades percibidas ha generado un intenso debate en estos últimos años;sobre todo a partir de mediados de 2014, cuando Lanbide realizó un envío masivo de cartas reclamando el dinero abonado de forma indebida a miles de beneficiarios.

En esta línea, de acuerdo con los datos del Departamento de Empleo, entre enero de 2013 y noviembre de 2015 los cobros indebidos sumaban más de 100 millones de euros, de los que a finales del pasado año se habían recuperado casi 10 millones. En esos tres años Lanbide ha enviado unas 43.000 comunicaciones relacionadas con cantidades indebidamente percibidas y casi 14.000 personas han aceptado la deuda, la han pagado o han decidido fraccionarla.


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