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El Parlamento pide llevar ante la Fiscalía el caso de los comedores

Insta a tomar acciones para resarcir a las arcas públicas si hubiera pérdida patrimonial

Idoia Alonso Oskar Martinez - Viernes, 4 de Marzo de 2016 - Actualizado a las 06:12h

El escándalo de los comedores escolares habría producido un sobrecoste del servicio de comedor cercano a los 200 millones de euros.

El escándalo de los comedores escolares habría producido un sobrecoste del servicio de comedor cercano a los 200 millones de euros. (Oskar Martínez)

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El escándalo de los comedores escolares habría producido un sobrecoste del servicio de comedor cercano a los 200 millones de euros.

Donostia- El Parlamento Vasco ha instado al Gobierno de Urkullu a que ponga en manos de la Fiscalía el caso de los comedores escolarespara dirimir posibles responsabilidades penales de las ocho empresas de catering sancionadas con una multa de 18 millones de euros por pactar al alza los precios, así como a emprender acciones para resarcir a las arcas públicas en caso de que se haya producido un daño patrimonial. La Cámara también pide que el Departamento de Educación ”intensifique” su colaboración con los agentes del sector para permitir que los centros públicos puedan elegir si quieren continuar con el sistema de catering o elaborar los menús en la cocina de los propios colegios.

Según fuentes de Educación, los servicios jurídicos del Gobierno Vasco estudiarán la resolución para decidir el paso a dar por el Gabinete de Cristina Uriarte que se ha visto salpicado por este escándalo después de que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) haya impuesto una multa histórica a las empresas que han prestado el servicio de comedor durante las últimas tres legislaturas, al quedar demostrado que se repartieron el mercado para alterar los precios. Esta concentración contraria a la competencia habría reportado pingües beneficios a las empresas en un negocio de 854 millones de euros. En su resolución, la AVC asegura además que esta práctica ha supuesto “un grave quebranto a las arcas públicas y las personas usuarias”, como lo demuestra el hecho de que con los cambios introducidos por el actual Ejecutivo en el sistema de contratación se ha constatado una rebaja de siete millones de euros en el costo del servicio.

El debate de ayer estuvo marcado por un bronco cruce de reproches entre el PNV y el PP en su cruzada por intentar construir alrededor de este caso una presunta trama de corrupción de los jeltzales. La propia consejera Uriarte se encargó de desmontar la maniobra orquestada por los popularesen la Comisión de Educación creada al efecto. En primer lugar, recordó que Competencia no ha detectado irregularidad alguna en el sistema de contratación aprobado en 2003, con EA en el Departamento de Educación. Y en segundo lugar, dijo, la práctica fraudulenta se produjo de manera continuada durante diez ejercicios, por tanto, bajo tres Gobiernos diferentes (el tripartito de PNV/EA/Ezker Batua, el Gobierno del socialista Patxi López con el Partido Popular como socio preferente y el Ejecutivo de 0Urkullu).

Ayer fue el parlamentario del PNV Juan Antonio Arieta-Araunabeña quien dio la réplica al popular Iñaki Oyarzábal, que reiteró su argumento de que el presunto “cártel” de los comedores es un caso de “corrupción” que atañe al actual Gobierno. Arieta-Araunabeña acusó a Oyarzábal de actuar “en la mejor tradición fascista” y “goebbeliana” -en referencia al ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels- por tratar de buscar una conducta irregular “donde no la hay”. El jeltzale enmarcó la actitud de Oyarzábal a la situación en la que está metido el PP por los casos de corrupción. “Ustedes están llenos de porquería”, destacó el jeltzale, para lamentar que en lugar de dedicarse a “limpiar” de corrupción su propio partido, los populares traten de “poner el ventilador” para “manchar a los demás” .

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iñaki Lazarobaster defendió la necesidad de mejorar el sistema que regula el servicio de comedor;y el portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, afirmó que este caso ha dejado en evidencia que en el ámbito de la contratación pública existen “mercados cautivos” que hay que atajar.


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