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Bis a bis

Refugiados e inmigrantes: dignidad y solidaridad

Por Juanjo Álvarez - Lunes, 29 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 06:12h

diversos ejemplos recientes nos avergüenzan como europeos: Hungría y su anunciado referéndum populista para vetar de facto la entrada de refugiados en su país, o el Reino Unido logrando un acuerdo con sus socios de la UE que legitima la restricción de los derechos sociales a los ahora calificados como “inmigrantes” europeos, o el rebrote del discurso político proteccionista y xenófobo en la vecina Francia que ha tenido aquí, en Euskadi, una cierta continuidad a raíz de debates que proponen una cierta “jerarquización” entre los destinatarios de los servicios prestados en la CAV. Es un tema siempre espinoso, nada fácil de gestionar en el día a día del responsable público y sobre el que es siempre es más fácil opinar que actuar.

Cobra fuerza social el discurso que viene acompañado de la exigencia de que los extranjeros que llegan a nuestra tierra se olviden de sus raíces y asuman de forma obligatoria las costumbres, los modos de vida, las inercias en definitiva, de la sociedad que les acoge.

Es un planteamiento que se muestra falaz, populista y que creo podría simplificarse bajo una premisa de mínimos, que no tiene nada que ver con las ocurrencias de políticos bajo el síndrome de electoralismo galopante: si el extranjero -y particularmente el musulmán, en el que parecen centrarse toda esa demonización interesada- quiere que su religiosidad sea respetada debe aceptar los usos del país de acogida.

Ello supone aceptar por ellos que ciertas prácticas como la poligamia, el repudio, la ablación, las formas de discriminación de la mujer o la imposición de matrimonios no son admisibles sencillamente desde una óptica de protección de los derechos fundamentales. Y cuando hablamos de derechos humanos no existe una “occidentalización” de los mismos ni una supuesta supremacía de los valores de nuestra civilización: los derechos humanos han de ser los mismos en Kabul o en Berlín, en Damasco o en París.

No se trata, por tanto, de defender lo nuestro como algo mejor o superior que lo foráneo. La barrera, la frontera a la aplicación de esas prácticas debe situarse en la exigencia del respeto a la dignidad de la persona y debemos excluir toda forma de discriminación amparada en supuestas inercias históricas o culturales.

Numerosas reacciones políticas, teñidas de electoralismo, suponen además un ataque frontal a los principios más esenciales de la dignidad humana. ¿Cómo puede ser considerado como delincuente una persona por el mero hecho de atravesar una frontera buscando salvar su vida, o simplemente en busca de un mejor futuro?

Con frecuencia hablamos de tolerancia, de diálogo intercultural, y sin embargo se levantan por todas partes del mundo nuevos muros y murallas que separan más de lo que supuestamente protegen. La entrada de inmigrantes sin control -no quisiera hablar de ilegales, no es un adjetivo que merezcan personas que buscan sin más subsistir- perjudica al conjunto de extranjeros en su consideración social y en sus oportunidades de trabajo. Ellos son los primeros perjudicados al ser explotados por mafias, trasladados con graves riesgo para sus vidas y con dificultades infranqueables para su plena regularización administrativa.

El segundo debate, el de la integración social de los inmigrantes es incluso más complejo que el del control: no hay recetas mágicas, y ninguna tiene garantizado su éxito. Basta comprobar que ni el modelo francés, de asimilación -más generoso en conceder la nacionalidad pero que defiende una mayor uniformidad cultural, como se aprecia por ejemplo en la prohibición del velo islámico- ni el modelo inglés, más tolerante con las diferencias, y “multicultural” han permitido impedir que el problema se manifieste y altere gravemente la vida ciudadana en ambos estados.

Los inmigrantes deben respetar las leyes del estado que les acoge, cumplirlas como ciudadanos: se integran en un estado y en una sociedad, que tiene sus reglas escritas y no escritas. Y los anfitriones debemos cumplir como obligación básica con el respeto a la diferencia. Solo si logramos conciliar ambos extremos -cumplimiento de la ley y de las reglas sociales básicas imperantes y respeto por nuestra parte a la condición de ciudadano civil y social del extranjero- podremos avanzar en la dirección correcta.

Convivir es aceptar, respetar y valorar en positivo la diferencia, sí, pero exige también un recíproco esfuerzo de adecuación a la sociedad en la que vives y que te acoge. Éste es también un reto, todavía incipiente, en nuestra sociedad vasca.


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