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La pesada mochila de la corrupción

Los casos ‘Gürtel’, ‘Púnica’, ‘Taula’ y demás lastran las opciones de Mariano Rajoy de lograr apoyos para revalidar su mandato en Moncloa tras un eventual fracaso de la investidura de Pedro Sánchez

Un reportaje de Carlos C. Borra - Domingo, 28 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 06:15h

Mariano Rajoy, apesadumbrado en una imagen de archivo.

Mariano Rajoy, apesadumbrado en una imagen de archivo. (Foto: Efe)

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Mariano Rajoy, apesadumbrado en una imagen de archivo.

Cuando el pasado 22 de enero Mariano Rajoy rechazó la propuesta del rey Felipe VI de someterse a la sesión de investidura a la presidencia del Gobierno español, alegó que no contaba con los apoyos suficientes para salir airoso de dicho pleno en el Congreso. Lo que no mencionó es que una de las principales razones de esa falta de respaldo es la multitud de casos de corrupción que están asolando al PP, lo que alegan el resto de formaciones políticas para pedir su dimisión por su inacción a la hora de hacerle frente. Ahora, cuando el líder del PP se ha postulado para afrontar este proceso si el socialista Pedro Sánchez naufraga en los dos intentos que tiene por delante -los días 2 y 5 de marzo-, las corruptelas siguen siendo una pesada losa para sus aspiraciones, toda vez que no hay prácticamente día en que no se destape una presunta nueva ilegalidad de los populares.

Desde que el monarca inició las reuniones de cara a lograr la formación del Gobierno español, el presidente en funciones se ha encontrado con cada vez más piedras en el camino: el registro de la sede nacional del PP en el marco de la trama Púnica liderada por Francisco Granados desembocó en la dimisión de Esperanza Aguirre de la presidencia del partido en Madrid, un gesto que aprovechó para señalarle el camino a Rajoy;en Valencia, la práctica totalidad de miembros del grupo popular han sido imputados y la exalcaldesa Rita Barberá está gravemente señalada;el PP ha tenido que declarar en un juicio como investigado -antes imputado- a cuenta del borrado de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas;el caso Acuamed salpicó al Gobierno español en funciones y provocó la renuncia del subsecretario de Presidencia y mano derecha de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría;y el inicio del juicio por el caso Nóos ha tenido en el expresidente balear Jaume Matas a uno de sus protagonistas destacados. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha apuntado a una mano negra tras esta “proliferación de iniciativas judiciales en este momento tan sensible”, lo que no ha sido negado por Rajoy.

Recado de Aguirre“La corrupción nos está matando a todos”. Así lo afirmó Esperanza Aguirre en la rueda de prensa que convocó el pasado día 14 para anunciar su dimisión de la presidencia del PP de Madrid. El registro de la sede del partido tres días antes en el marco de la operación Púnica -que investiga la presunta financiación ilegal del PP y por la que Francisco Granados, mano derecha de Aguirre entre 2004 y 2011, está en prisión- pesaba como una losa. Aprovechó además su comparecencia para mandarle un recado a Rajoy: “Este no es el tiempo de los personalismos, sino de los sacrificios y las cesiones”, dijo.

Aguirre destacó su “responsabilidad política” al haber nombrado a Granados, en la cárcel desde octubre de 2014, secretario general del PP madrileño. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó el pasado día 11 el registro de la sede del partido en Génova para buscar pruebas del presunto delito de financiación ilegal del PP madrileño. La dimisión de Aguirre provocó que la cúpula popular decidiera crear una gestora liderada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hasta la convocatoria de un Congreso Regional en el que se renueve la dirección. Esta se ha mostrado especialmente beligerante y aplicará a todos los afiliados y cargos del partido el mismo código ético que ha implantado en el Gobierno autonómico. Ello no ha evitado que se conozcan nuevos escándalos como la utilización de dos empresas públicas por parte de su antecesor en el cargo, Ignacio González, para camuflar pagos de Púnica.

Barberá se plantaLa macrorredada policial que se llevó a cabo el 26 de enero en Valencia y que se saldó con 24 detenidos, entre ellos el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, cayó como una bomba en el seno de la formación de Mariano Rajoy. En la operación Taula también se realizaron 33 registros, entre otros lugares en la sede del Grupo Municipal del PP en Valencia, y se imputó a nueve de los 10 concejales del partido en el Ayuntamiento. La acusación principal, blanqueo de capitales en una red que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, ha cercado a la exalcaldesa Rita Barberá, que se ha enrocado y rechaza dimitir.

Tras permanecer un mes alejada de los focos, la actual senadora convocó el jueves una rueda de prensa en la que dijo que “nunca hubo caja B en el partido ni blanqueo” en sus años como alcaldesa. El blindaje de Barberá en la Cámara alta -que no impedirá su previsible imputación- ha causado malestar entre las propias filas populares, algunos de cuyos principales rostros públicos, como Javier Maroto y Andrea Levy, han pedido una regeneración a fondo. A ello se suman las nuevas revelaciones del caso Ritaleaks, impulsado por Compromís para denunciar dispendios cargados a la Alcaldía, como facturas de 2.000 euros por acudir al funeral de Fraga o más de 1.000 euros al día por el uso de suites y de un vehículo con chófer en Londres. Más aún, la Guardia Civil detuvo el lunes al que fuera mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, por cohecho al aceptar regalos de un empresario por un presunto trato de favor.

El partido, investigadoEl PP tiene el dudoso honor de ser el primer partido llamado a declarar en calidad de investigado en un proceso judicial. Fue en la causa abierta por el borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas en la sede popular en Génova. El asesor jurídico del partido, Alberto Durán, representó al PP en la vista del día 12 en el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid para responder por los presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento, aunque se negó a responder a la jueza ni al fiscal.

Se limitó a leer una nota en la que decía que “en ningún momento se ha destruido o borrado ninguna información del señor Bárcenas”, ya que sus ordenadores “fueron abandonados sin dato, archivo, registro o programa de ningún tipo”. El asesor jurídico, que también estaba citado como investigado a título personal, sí asumió en este caso la responsabilidad del borrado de los discos duros. Admitió, por tanto, que ordenó entrar en febrero de 2013 en el despacho de Bárcenas y más tarde autorizó el borrado de sus ordenadores. El responsable informático del PP explicó a la jueza que borró 35 veces los discos duros y que después los rayó, los rompió y los tiró a la basura por orden de Durán.

El Gobierno, salpicadoLa imparable oleada de casos de corrupción ha llegado a afectar incluso al Gobierno español en funciones, en concreto a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, señalada en varias ocasiones como posible delfín de Rajoy de cara a sustituirle al frente de La Moncloa. El 22 de enero, el principal colaborador de Santamaría, el subsecretario de Presidencia Federico Ramos, dimitió tras ser acusado de participar en la compensación indebida a la constructora FCC con 40 millones de euros durante su etapa como secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente del consejo de administración de la empresa pública Acuamed. Dicha cantidad fue consignada en los Presupuestos de 2015.

Esta renuncia fue consecuencia del caso Acuamed, en el que la Guardia Civil investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014, lo que se traduce en presuntos delitos de malversación, cohecho y fraude contra la Administración. Este caso, que contempla un supuesto fraude de cientos de millones de euros por parte de la empresa pública de inversión, se ha saldado con trece detenidos -cinco en prisión incondicional-, una treintena de imputados entre funcionarios y empresarios, y 16 registros en domicilios y sedes de la sociedad estatal.

Contratos a UrdangarinUno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos, el del Instituto Nóos que ha sentado en el banquillo a la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, también ha visto pasar por los juzgados de Palma al que fuera ministro durante el mandato de José María Aznar, Jaume Matas, en uno de los múltiples procesos abiertos en su contra por su gestión como presidente balear. El arrepentido José Luis Pepote Ballester, ex director general del Govern, declaró en la segunda jornada del juicio, el pasado día 10, que Matas ordenó contratar a Urdangarin sin cuestionar los 2,5 millones de euros que cobró de la Administración balear.

Lejos de alejarse de esta versión, Jaume Matas, que afronta una petición de condena de 11 años de cárcel por presunta malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias, admitió un día después que contrató a Urdangarin porque “nos interesaba que, como miembro de la Familia Real, trabajara para promocionar las Islas Baleares”. En este mismo proceso, el día 18 trascendió que el exduque de Palma fue la primera persona a la que el exalcalde de Madrid, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, ofreció dirigir la candidatura olímpica Madrid 2016. Por ello, dicha candidatura donó 114.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FCDIS), propiedad del cuñado del rey Felipe VI, tras reunirse con este y con su socio, Diego Torres, en abril de 2007 en el Ayuntamiento de Madrid.


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