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Un paso importante

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 28 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 06:15h

el anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa de presentar ante las Juntas Generales una norma foral para incentivar la participación de los trabajadores en el capital de las empresas, con el fin de afianzar y apuntalar el tejido empresarial y enraizarlo en el territorio, es una iniciativa de gran calado que pone de relieve la sensibilidad que el equipo que dirige el diputado general, Markel Olano, con la colocación de los primeros cortafuegos a la entrada de fondos de capital riesgo e inversores industriales extranjeros en compañías guipuzcoanas que está teniendo como consecuencia negativa el traslado de los centros de decisión en el exterior y la deslocalización de las sociedades.

La medida, que da cumplimiento de manera explícita en esta materia al acuerdo de gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa entre el PNV y PSE en junio del año pasado, se configura como una cortapisa más -no la única y más importante-, para evitar el rosario de adquisiciones de empresas guipuzcoanas por parte de inversores extranjeros o fondos de capital riesgo que desde hace algún tiempo han entrado en empresas emblemáticas del territorio o en pequeñas compañías bien posicionadas tecnológicamente, con una envidiable cuenta de resultados y muy internacionalizadas por la ausencia de relevo generacional en la propiedad.

La apuesta del Gobierno foral dirigido por Markel Olano por favorecer la participación de los trabajadores en el capital de las empresas viene dada por la existencia de una deducción fiscal en la tributación del IRPF del trabajador que decida dar el paso de convertirse en accionista de la compañía en la que está empleado, y que todavía está sin cuantificar, a la espera de la elaboración definitiva de la norma foral que debe estar lista en uno o dos meses.

Esta es una cuestión trascendental para que esta iniciativa tenga éxito porque la crisis ha hecho que las decisiones de inversión en los particulares se sopesen de manera importante ante la situación de incertidumbre y volatilidad en la que se halla la economía aunque, por contra, hay que decir que en unos momentos como los actuales en los que los tipos de interés en el mercado financiero están prácticamente a cero, la tenencia de acciones de una empresa puede generar unas rentabilidades en formas de dividendo muy atractivas e interesantes.

Este es un aspecto que lo tiene claro el diputado foral de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga, cuando con motivo de la presentación de la iniciativa afirmó que “una decisión de esta índole supone una apuesta de máxima importancia dentro del proyecto vital de cada persona, por lo que el tratamiento fiscal que recibe debe ser acorde a la importancia del hecho”. Esta reflexión no es baladí porque se han producido casos en empresas que se han abierto a la participación de los trabajadores en su accionariado y que han tenido una respuesta menor a la que se esperaba por las perspectivas de desarrollo del proyecto familiar de sus empleados. Se trata de un proyecto de vida que debe tener las mismas ventajas que la adquisición de una vivienda para que tenga éxito.

En esta cuestión es interesante, por lo que supone de novedad, que la deducción fiscal para el trabajador comprador de las acciones de su empresa tenga una vigencia de entre tres y cinco años, un período de tiempo suficiente para hacer atractiva la inversión que estará condicionada a que la permanencia en el capital se sitúe entre los cinco y diez años.

Si hay que hacer atractiva la participación de los trabajadores también hay que pensar en los empresarios que tienen que ver cómo es una gran ventaja y un atractivo vender la compañía a sus empleados, con todo lo que ello significa de continuidad de la compañía, y no al primer fondo de capital riesgo que se acerca o a un inversor industrial de la competencia. Y este aspecto debe ser tenido en cuenta a la hora de poner en marcha los procesos de participación. En este sentido, establecer una deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades -hay documentos que proponían en su tiempo una rebaja del 10%-, a las empresas que decidan impulsar la participación en su seno puede ser un incentivo no solo para el vendedor a la hora de deshacerse de los títulos, sino también para el comprador en lo que afecta de manera positiva en la cuenta de resultados de la sociedad de la que entra como accionista.

Incentivar fiscalmente la participación de los trabajadores en el capital de las empresas no es una cuestión nueva en Gipuzkoa, ya que se viene tratando desde hace muchos años, sin que nunca se haya plasmado de manera tan clara como en esta ocasión. El asunto fue objeto de análisis por la Diputación Foral de Gipuzkoa a finales de 2010, cuando los cuatro años de gobierno presidido por Markel Olano se estaban agotando, lo que provocó que fuera imposible realizar ninguna concreción. La legislatura de EH Bildu pasó sin pena ni gloria en este asunto y concluyó sin que se hubiera planteado una iniciativa concreta de incentivo fiscal que impulsara la participación.

Al margen de la importancia del anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por lo que supone de una iniciativa pionera no solo en Euskadi, sino también en el Estado -aunque en el seno de la UE existen algunas propuestas en este sentido, más teóricas que reales, y en Estados Unidos las empresas ESOP tienen un peso importante-, lo relevante de la comparecencia del diputado general y de Hacienda y Finanzas, Markel Olano y Jabier Larrañaga, respectivamente, es el reconocimiento claro y sincero -frente a la miopía de algunos sectores-, de la gran amenaza que existe sobre el futuro de nuestras empresas, sobre todo aquellas en las que su continuidad por falta de relevo generacional está en peligro hasta convertirse en presa fácil para los fondos de capital riesgo.

El ejemplo más paradigmático en este aspecto es el de CAF -que en los dos primeros meses de este año ha facturado lo de todo el ejercicio pasado gracias a dos pedidos por valor de 860 millones de euros en el Reino Unido y en Australia y que es una de las señas de identidad de la industria vasca en el mundo-, en cuyo capital participan los trabajadores con el 26,72% de las acciones. Precisamente, la entrada de los trabajadores en el capital de CAF sirvió para recuperar la empresa de la importante crisis que sufrió en los años 80 del pasado siglo, blindarse ante de las amenazas de adquisición por parte de algún competidor y convertirse con el paso de los años en uno de los tres constructores ferroviarios más importantes del mundo. Como el de CAF hay también ejemplos de empresas que a día de hoy siguen activas gracias a la involucración de los trabajadores.

Este impulso de la participación de los trabajadores en el capital de las empresas desde la política fiscal, con ser importante no va a suponer poner coto a las ventas de empresas que se pueden producir en el futuro, ya que su virtualidad se encuentra en aquellas pequeñas compañías donde existe un problema sucesorio, sino que en paralelo es necesario el establecimiento de un fondo soberano vasco que pueda impedir, mediante la entrada en el accionariado de las compañías, el traslado de los centros de decisión fuera del territorio o, en su caso, su desaparición.

Esta deslocalización de nuestras empresas por la entrada de capital externo es una preocupación latente entre los empresarios que, incluso, han llegado a plantearlo a nivel individual al propio lehendakari Iñigo Urkullu, y que es compartida también por una parte importante de los departamentos del área económica del Gobierno Vasco. La cercana finalización de esta legislatura con la celebración de elecciones al Parlamento Vasco, previstas en principio para este otoño, no debe servir de excusa para la puesta en marcha de este instrumento financiero que se antoja como urgente e indispensable para el mantenimiento de nuestro tejido industrial y el desarrollo futuro de nuestra economía. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha dado un primer paso importante, pero no suficiente, en esa dirección. Ahora falta que el resto de las instituciones de este país formen también parte de la iniciativa.


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