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EN UNA MANIFESTACIÓN del 9 de ENERO

La AN rechaza la petición policial de investigar la cuestación de Sare

El Juzgado de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional ha rechazado una petición policial para que se investigue la cuestación organizada por la red de apoyo a los presos de ETA Sare en la manifestación que celebró el 9 de enero en Bilbao, en defensa de los derechos de dichos reclusos.

EFE - Viernes, 26 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 12:26h

Manifestación convocada por Sare en Bilbao

Imagen de archivo de una manifestación convocada por Sare en Bilbao (efe)

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Manifestación convocada por Sare en Bilbao

Responsables de Sare han difundido hoy en conferencia de prensa el auto emitido el pasado 25 de enero por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en presencia del secretario general de EA, Peio Urizar, y el exdirigente de Ezker Batua Javier Madrazo.

BILBAO. El dinero que se recaudó en la movilización se depositó inicialmente en las sedes de esos partidos, antes de ser ingresado en Caja Laboral Popular.

Según explica el auto judicial, la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco presentó un escrito en demanda de que se librase mandamiento a dicha entidad con el fin de conocer los titulares y movimientos de las cuentas corrientes en las que se ingresaron los fondos depositados en las sedes citadas.

El juez resuelve que "no hay lugar" a la remisión de esos mandamientos y ordena el archivo de las actuaciones al señalar que en el escrito policial "no se describe la existencia de conducta alguna que sea o pueda ser constitutiva de ilícito penal", al limitarse a "informar" de que se habría efectuado dicha cuestación y el dinero se podría haber ingresado en Caja Laboral Popular.

Según indica, "la posibilidad de que dichos fondos pudieran ser enviados al sostenimiento del colectivo de presos de ETA para destinarlos a fines ilícitos no es más que una hipótesis que carece de sustento fáctico alguno".

El juez evidencia que para que la autoridad judicial pueda autorizar una medida restrictiva de derechos "es necesaria la existencia de unos datos o indicios objetivables".

Según señala, se debe partir "de la existencia de una previa investigación criminal y ha de tener motivación suficiente".

Para Sare, el auto judicial pone de relieve "una mala praxis policial", con "la intención perversa de criminalizar" a dicha organización, ha señalado su representante y exconsejero del Gobierno vasco Joseba Azkarraga.

Ha indicado que no van a conseguir "intimidar" a Sare, que continuará trabajando en defensa de sus reivindicaciones, y ha advertido al gobierno que se forme en España de que "el conflicto" vasco "no podrá darse por terminado vulnerando los derechos de cientos de personas presas. Este conflicto terminará el día que todos ellos vuelvan a sus casas", ha dicho.

Azkarraga ha reclamado el cese del "hostigamiento" a Sare y ha señalado que la defensa de "los legítimos derechos" de los presos de ETA y la solidaridad son actividades "legales, legítimas y democráticas".

"Por el contrario, sí podrían incurrir en delito quienes quieren construir pruebas falsas para una posterior imputación", ha sostenido.

Para Sare, la Policía Nacional requirió de los jueces unas actuaciones "inquisitoriales", en un proceder "antidemocrático", que refleja "hasta qué punto las directrices del Ministerio del Interior contaminan el ámbito judicial".

A su juicio, se intentó recabar datos de entidades legalizadas "para luego elaborar un informe policial falto de imparcialidad y objetividad, fabulando que la recaudación podría ir a un irreal destino ilegal, para solicitar más adelante al Juzgado que secuestre dichos fondos, como sucedió", con lo recaudado en la manifestación en favor de los derechos de los presos de ETA de un año antes, dinero que la Audiencia Nacional ordenó retener.

Azkarraga ha denunciado que aún no se han restituido "unos derechos injustamente arrumbados" y ha reclamado la devolución de ese dinero retenido.


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