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El Constitucional inicia el trámite contra Forcadell por desobediencia

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Jueves, 18 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 06:10h

El conseller de Exteriores, Raül Romeva, confirmó ayer que seguirá adelante con su labor.

El conseller de Exteriores, Raül Romeva (EFE)

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El conseller de Exteriores, Raül Romeva, confirmó ayer que seguirá adelante con su labor.

barcelona- El Tribunal Constitucional ha abierto dos frentes consecutivos contra el independentismo catalán. Ayer inició la tramitación del incidente de ejecución por desobediencia contra el Parlament por la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente y el día anterior suspendió la consejería de Exteriores del Govern. Como respuesta, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que el Govern “continuará haciendo acción exterior”, pese a la decisión del TC, y ratificó a Raül Romeva como conseller. Y para dejar claro que el Govern no tiene ningún miedo al recurso del Gobierno español contra esta conselleria de reciente creación, Puigdemont parafraseó al defensa del Barça Gerard Piqué. “Gracias Tribunal Constitucional, contigo empezó todo”. Y fue tajante. “La Generalitat continuará haciendo acción exterior con Raül Romeva conseller”.

El pleno del TC admitió a trámite el martes el recurso presentado por el Gobierno central contra la consellería de Asuntos Exteriores creada por la Generalitat, lo que acarrea su inmediata suspensión cautelar. En la sesión de control al president en la sesión plenaria de ayer en el Parlament, Puigdemont respondió así al emplazamiento del presidente del grupo del PP, Xavier García Albiol, a acatar la decisión del TC: “No tenga ninguna duda de que este Govern continuará haciendo acción exterior y que Romeva continuará siendo conseller”. Puigdemont recordó que el Estatut vigente recoge las competencias de la Generalitat en “acción exterior”, por lo que defendió que el Govern las siga ejerciendo “legítimamente”.

“No renunciaremos de ninguna manera”, recalcó Puigdemont, quien recordó que otras comunidades autónomas también ejerce sus atribuciones en acción exterior y subrayó que “Catalunya no es menos que otros territorios”. Con recursos como el del Gobierno de Mariano Rajoy para poner “trabas” a la acción exterior catalana, según el president, intentan “poner fronteras y barreras” a las relaciones internacionales de Catalunya. “Nos hace falta levantar las barreras que nos quieren imponer”, insistió, antes de subrayar que el Govern “ejercerá al máximo la responsabilidad que tiene encomendada”. Romeva aseguró que “Catalunya ha hecho, hace y hará acción exterior”. “Estamos donde estábamos y seguiremos adelante con toda tranquilidad”, señaló.

Por su parte, García Albiol le reprochó que no hubiera sido explícito, “por ignorancia o por cobardía”, a la hora de aclarar si piensa acatar la suspensión decretada por el TC. García Albiol expresó su apoyo a acciones como la promoción de las exportaciones catalanas, la agilización de las inversiones para Catalunya o el impulso del turismo, pero consideró “un engaño” que Puigdemont se presente ante el cuerpo consular “como el primer ministro de un gobierno imaginario”.

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, garantizó que, en caso de gobernar, los socialistas no retirarían el recurso presentado ante el TC contra la conselleria. No obstante, el líder del PSC, Miquel Iceta, defendió la “legalidad” de la conselleria de Exteriores, ya que a su juicio “desarrolla competencias que están perfectamente amparadas por el Estatut”, por lo que lamentó el “nuevo error” del PP.

La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Inés Arrimadas, consideró “perfecto” que el Govern ejerza sus competencias en “acción exterior”, sin pretender hacer “política exterior” porque esa es una atribución exclusiva de los Estados, pero ha acusado a Puigdemont de “judicializar” la política al provocar los recursos del Gobierno central.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, advirtió a Puigdemont, de que el Gobierno seguirá actuando para que se cumpla la ley si continúa adelante con la consejería de Exteriores. El ministro añadió que no es un tema nuevo y citó a Francesc Cambó para subrayar que los sucesivos gobiernos de la Generalitat han preferido buscar un enemigo exterior al que responsabilizar de los sacrificios de la población. “En eso estamos. Intentar convertir una cuestión jurídica como una decisión del TC en una cuestión política me parece aberrante”, añadió.

El exdirigente de ERC Josep Lluís Carod-Rovira terció en la polémica y reveló que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero el Gobierno concedió pasaporte diplomático tanto a él, en calidad de vicepresidente del Govern, como al entonces president José Montilla.

comisión constituyentePor otra parte, el TC inició ayer la tramitación del incidente de ejecución por desobediencia que el Gobierno español promovió contra Parlament por la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. Lo que ha hecho el tribunal de garantías es preguntar al fiscal y al Parlament si corresponde desatar el incidente previsto en la reciente reforma de la Ley Orgánica del TC, trámite para el cual les concede diez días de alegaciones. Si se desatara el incidente seguiría los pasos previstos en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal aprobada por el Grupo Popular y, de este modo, implicaría una advertencia a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, y a los miembros de esa comisión de que pueden estar cometiendo delito de desobediencia.

El Gobierno pidió en enero al TC que anule la creación por el Parlament de la citada comisión, con el argumento de que infringe la reciente sentencia del tribunal de garantías que anuló la declaración independentista. En ese escrito el abogado del Estado señalaba que la comisión es “un acto frontal de desacato y de manifiesto incumplimiento”. Por eso pedía al TC que “requiera a la señora presidenta del Parlamento de Catalunya y a los miembros de la comisión” de que deben abstenerse de esa iniciativa e “impedir” cualquier otra que ignore la sentencia del Constitucional. Además, el TC debería apercibirles “de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”, pedía el Gobierno.

La reforma prevé que en este incidente el TC señale expresamente quién está obligado a cumplir sus resoluciones y, en este sentido, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, será protagonista. - Efe/E.P.


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