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Editorial

Salud pública, igualdad de género

El mero riesgo de que una parte de nuestra sociedad, por limitada que sea, pueda padecer la doble vertiente de la mutilación genital femenina es motivo suficiente para que los poderes públicos la prevengan y traten de erradicarla

Jueves, 18 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 06:10h

La elaboración por el Departamento de Salud y por Emakunde de una guía para la prevención y detección de casos de ablación o, en su definición por la Organización Mundial de la Salud, Mutilación Genital Femenina (MGF);pretende encarar una práctica que también afecta -aun de modo minoritario- a una parte de nuestra sociedad, al alrededor de 800 menores de quince años cuyas familias provienen de países en los que es considerada una tradición secular. El caso de cuatro hermanas residentes en Euskadi que fueron sometidas a la ablación el pasado verano en un viaje a Malí, país de origen de sus padres, ha sido el más notorio, pero no el único que ha sobresaltado a la sociedad vasca en los últimos años. Además, y en todo caso, la MGF es, en primer lugar, un problema de salud pública. No en vano, la mutilación genital femenina tiene consecuencias físicas y patológicas que se padecen durante el resto de la vida. Porque, como describe una de las principales especialistas en la materia, la ginecóloga nigeriana y Premio Príncipe de Asturias de Cooperación en 1998, Olayinka Koso-Thomas, una mujer sometida a la ablación “jamás recuperará la normalidad”. Pero, al mismo tiempo, la MGF también es una consecuencia de la desigualdad de género que no logramos erradicar de nuestra sociedad y que en otras culturas -se calcula que 140 millones de mujeres en el mundo se ven afectadas por la ablación, 90 millones en África, principalmente en la franja central del continente- todavía se refleja además en esta dañina práctica que, en realidad, es un modo de control de la sexualidad de las mujeres, una forma más de subordinación femenina. De hecho, pese a quienes relacionan la misma con el islam, es practicada tanto en países musulmanes como en aquellos en que son mayoría otras religiones, incluyendo las cristianas y animistas. Y el mero riesgo de que una parte de nuestra sociedad, por limitada que sea, pueda llegar a padecer la doble vertiente del problema es motivo más que suficiente para que los poderes públicos lo encaren (aun siendo conscientes de la dificultad de prevenirlo más allá de nuestras fronteras por mucho compromiso que se suscriba) dotando a los profesionales sanitarios y sociales de las herramientas necesarias para erradicar totalmente sus consecuencias de nuestro país.


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