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iulen lizaso - Lunes, 15 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 12:04h

En el origen de la supermulta de los 18 millones de la AVC y que ha posibilitado el fraude está la orden del 22 de marzo de 2000 por la que, en su artículo 10, se establece que los centros de enseñanza públicos deben contratar obligatoriamente empresas de catering a la hora de gestionar los comedores, en detrimento de quienes se autogestionaban con implicación de los docentes, que fueron obligados a cerrar sus cocinas.

Un empeño permanente por parte de los gobiernos de Gasteiz, en perjuicio de la autonomía de los centros, autogestión personal de los docentes y calidad de la enseñanza, porque ¿acaso la producción ecológica, consumo estacional, elaboración culinaria, variedad nutricional y compatibilidades, comercio justo y de intercambio con productores locales (de la huerta a la mesa) no debieran formar parte del currículo escolar, a la manera de países europeos que ocupan los primeros puestos en el informe PISA?

¿Qué intereses han prevalecido para que se haga de otra manera? No el del cultivo de la educación de los escolares, ni de educadores, ni de funcionarios del propio departamento, ni el de la sociedad. Entonces ¿qué queda? ¿Interés de bien común por ahorro en la economía pública?

En los centros públicos se paga una media de 3,6 euros por persona por el servicio de comedor. Según el Departamento de Educación, esta cifra cubre un 30% del servicio de la empresa de catering, y el 70% restante lo cubre el propio departamento.

Por lo tanto, el 100% del coste del servicio de comedor con empresas de catering ronda los doce euros por alumno (cuando por 3,75 euros y sin ayudas se dieron menús de calidad). Así, empresas como Auzo Lagun o Gastronomía Vasca se embolsaron 29 y 12 millones de euros, respectivamente. En total, el coste para las arcas públicas es el siguiente: siete empresas de catering cobran 88 millones de euros.


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