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El TC ampara a una madre que no pudo incinerar a su hijo no nato

La Audiencia de Gipuzkoa denegó la licencia a la mujer porque el feto era menor de 180 días

Sábado, 13 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 06:15h

Donostia- La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a una mujer a la que la Audiencia Provincial de Gipuzkoa denegó la licencia para incinerar los restos resultantes de un aborto programado y despedirse así, en compañía de su pareja y en una ceremonia civil, de su hijo no nacido.

La Sala considera que se vulneró el derecho fundamental de la recurrente a la intimidad personal y familiar. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, cuenta con el voto particular concurrente del propio ponente y con los votos discrepantes del presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, y de la magistrada Encarnación Roca.

Según los hechos que constan en los antecedentes de la sentencia, a la recurrente en amparo le fue practicado un aborto tras la detección de graves malformaciones en el feto, que en ese momento contaba con 22 semanas de gestación y un peso de 362 gramos. La recurrente solicitó la entrega de los restos con el fin de incinerarlos, para lo que, según le informaron en el hospital, necesitaba autorización judicial.

La mujer abortó con 22 semanas de gestación y quería celebrar una ceremonia civil para despedirse del hijo no nacido

El 17 de octubre de 2013, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Eibar rechazó la petición basándose en el art. 45 de la Ley del Registro Civil, según el cual “las personas obligadas a declarar o dar el parte del nacimiento están también obligadas a comunicar en la misma forma el alumbramiento de las criaturas abortivas de más de 180 días de vida fetal, aproximadamente”.

no tenía días suficientesEl auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia denegó la autorización por no alcanzar los restos fetales los 180 días. Sin embargo, reconoció que, en una ocasión anterior, había permitido la inscripción registral de un feto fruto de un aborto espontáneo porque existía un “conflicto con el derecho de libertad religiosa” al tratarse de una madre musulmana que, por sus creencias, rehusaba la incineración. La demandante de amparo presentó recurso de reforma ante el Juzgado, que fue rechazado;la misma suerte corrió el posterior recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. La recurrente alegó ante el tribunal de garantías que las anteriores resoluciones han vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad ideológica, a la intimidad familiar y a la igualdad.

Por su parte, la Sala explica que no hay precedentes en el Tribunal Constitucional sobre casos similares, pero sí hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reconocen que el derecho a disponer de los restos humanos para su enterramiento forma parte del derecho al respeto de la vida privada y familiar, que el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) reconoce en su artículo 8.

El Tribunal admite la “dificultad” que supuso para el Juzgado de Primera Instancia y para la Audiencia de Gipuzkoa “la falta de una regulación clara en esta materia” pero considera que ambos órganos judiciales realizaron una interpretación extensiva del art. 45 de la Ley del Registro Civil que trajo como consecuencia la lesión del “derecho a que la vida familiar y personal sea respetada”.

Por último, la Sala explica que la incineración por la demandante de los restos de su hijo no nato no habría supuesto riesgo alguno para los bienes jurídicos protegidos, puesto que la interrupción voluntaria del embarazo se practicó conforme a la ley vigente (gestación no superior a 22 semanas y riesgo de graves anomalías en el feto);y tampoco entrañaba riesgo alguno para la salud pública pues la ley de Policía Sanitaria Mortuoria del País Vasco establece que “el destino de todo resto humano y/o cadáver debe ser el enterramiento, la incineración o arrojar los restos al mar”. - Europa Press.


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