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Viaje a “un pedacito de guerra”

Francisco llegó ayer a México, donde conocerá de primera mano el “pedacito de guerra” que sufren los mexicanos desde 2007: 180.000 muertos, 27.000 desaparecidos, 300.000 desplazados y un 99% de impunidad.

Un reportaje de Marta Martínez - Sábado, 13 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 06:16h

Investigadores analizan la escena de un crimen en Monterrey, Nuevo León.

Investigadores analizan la escena de un crimen en Monterrey, Nuevo León.

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Investigadores analizan la escena de un crimen en Monterrey, Nuevo León.

La imagen de un bebé de siete meses acribillado a tiros junto a sus padres ha sobrecogido a millones de mexicanos. El suceso ocurrió el pasado 29 de enero en el estado de Oaxaca, cuando la familia fue atacada por un comando criminal como parte de la violencia del crimen organizado que desangra México desde 2007. Periodistas, viñetistas y ciudadanos anónimos a través de las redes sociales bautizaron entonces al pequeño Marcos Miguel como el Aylán mexicanopor la cruel similitud entre las dos imágenes, la del bebé de Oaxaca y la del niño sirio de tres años fallecido en una playa turca el pasado septiembre, convertidas ambas en símbolos del sinsentido de la guerra que sufren estos dos países, México y Siria.

El papa Francisco, que ayer comenzó una visita al país, con 110 millones de católicos, fue claro y contundente antes de iniciar el viaje: “Ustedes están viviendo su pedacito de guerra, su pedacito de guerra entre comillas, su pedacito de sufrimiento, de violencia, de tráfico organizado. Si voy a ir es para recibir lo mejor de ustedes y rezar con ustedes”, declaró el pontífice, quien hizo una cruda radiografía del país: “El México de la violencia, el México de la corrupción, el México del tráfico de drogas, el México de los cárteles, no es el México que quiere nuestra Madre, y, por supuesto, que no quiero tapar nada de eso. Al contrario, exhortamos a la lucha de todos los días contra la corrupción, contra el tráfico, contra la guerra, contra la desunión, contra el crimen organizado, contra la trata de personas”.

La misma semana que comienza la primera visita de Jorge Mario Bergoglio a México como pontífice, tres noticias han ocupado los titulares en el país azteca: la primera, que el Equipo Argentino de Antropología Forense ha descartado que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueran calcinados en el basurero de Cocula, tal y como sostiene la versión oficial;la segunda ha sido el hallazgo de restos óseos en un rancho de Veracruz que, según las autoridades, pertenecen a dos de los cinco jóvenes desaparecidos hace un mes -se perdió su rastro en el municipio veracruzano de Tierra Blanca tras ser interceptados por policías estatales, un caso que guarda muchas similitudes con el de los 43 normalistas-;y el tercero, el secuestro en su vivienda de una periodista de sucesos, también en Veracruz, la cual fue hallada muerta un día después.

La sucesión de actos trágicos y violentos no es una coincidencia, es el día a día de un país en guerra. Amnistía Internacional denunció el pasado jueves que México se enfrenta a una crisis de derechos humanos de proporciones epidémicas. “Desde las decenas de miles de personas que han desaparecido hasta el uso generalizado de la tortura y el aumento del número de asesinatos de mujeres, pasando por la absoluta falta de capacidad para investigar los crímenes, los abusos contra los derechos humanos se han convertido en un compendio de México”, apuntó.

Las cifras hablan por sí solas: 180.000 muertos desde enero de 2007, cuando comenzó la conocida “guerra contra el crimen organizado” del anterior presidente, Felipe Calderón, es decir, un asesinato cada media hora;27.600 desaparecidos;siete feminicidios al día;300.000 desplazados, según cálculos conservadores del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos de Ginebra;80 periodistas asesinados en diez años y 17 desaparecidos;11.600 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y 2014;sacerdotes, activistas de derechos humanos, familiares de víctimas que alzan la voz, en el punto de mira y, en muchas ocasiones, asesinados... Y todo ello con una impunidad del 99%.

El Índice Global de Impunidad de México indica que solo el 4,46% de los delitos denunciados termina en sentencia condenatoria. Sin embargo, el estudio apunta que “la cifra anterior en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México”. “La impunidad prácticamente garantizada a las personas responsables de estos delitos es un fuerte incentivo para que se sigan cometiendo”, advierte AI.

DesaparecidosLa desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala (Guerrero) en septiembre de 2014 sacó de las sombras el sufrimiento de miles de familias mexicanas, ignoradas hasta el momento por las autoridades y los medios de comunicación. “La incompetencia que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales de México para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas debidamente están alimentando una crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas”, denunció Amnistía Internacional en un informe dado a conocer el pasado 14 de enero.

Desde 2006, organizaciones de la sociedad civil advirtieron de un alarmante incremento de los casos. De los 27.600 personas que el Estado reconoce como “no localizadas”, 46,5% desaparecieron durante la actual administración de Enrique Peña Nieto, 3.425 solo en 2015. Sin embargo, AI advierte de que estos datos hay que tomarlos con cautela, ya que el registro no hace diferencias entre los casos de desaparición forzada y los de aquellas personas que se ausentaron voluntariamente;asimismo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los delitos no se denuncian en México, por lo que se desconoce la magnitud real del problema y la cifra oficial podría estar subvalorando la gravedad del asunto.

Durante la búsqueda de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y tras el hallazgo de varias fosas comunes, 300 familias de desaparecidos se presentaron ante los investigadores con una mezcla de temor y esperanza para dar muestras de ADN y saber si alguno de los restos coincidía con sus seres queridos. Lo mismo ha ocurrido este mes en Veracruz durante la búsqueda de los cinco jóvenes víctimas de desaparición forzada. Ese es el drama, un drama mayúsculo que padecen miles y miles de mexicanos. Un caso dramático es el de Ciudad Cuauhtémoc, localidad de 114.000 habitantes del estado de Chihuahua, en la que el Gobierno ha registrado 351 desapariciones, la tasa más alta de México.

Ciudad Cuauhtémoc se ha convertido en los últimos años en un punto de cruce de las rutas del narcotráfico que conectan el occidente septentrional de México con el sur de Estados Unidos. La violencia no ha cesado desde entonces. En Cuauhtémoc hay miedo y por eso no todas las familias denuncian la desaparición de sus seres queridos. El miedo tiene origen en la enorme penetración de la delincuencia organizada y la colusión que la población percibe entre delincuentes y agentes del estado.

“Empecé a ver que eran cientos de personas las que se habían llevado y no se había hecho nada”, denuncia Leticia Sánchez, madre de uno de los desaparecidos, en el informe de Amnistía Internacional Un trato de indolencia, presentado el pasado 14 de enero. Su hijo, Luis Carlos Hernández Sánchez, tenía 18 años cuando desapareció. El 22 de mayo de 2010, el joven se encontraba en las calles de su barrio, junto con varios amigos, cuando llegaron hombres armados en varias camionetas. Al parecer buscaban a un muchacho que no se encontraba allí;no importó, se llevaron a Luis Carlos y a otros siete jóvenes. Ante la inacción de las autoridades, su madre comenzó a exigir justicia públicamente. Poco a poco fueron apareciendo los cuerpos sin vida de los demás, pero no el de su hijo. Otro joven fue secuestrado cuando se dirigía, junto a su madre, al funeral de su hermano, que era una de las víctimas cuyo cuerpo había sido identificado. Leticia Sánchez no ha parado de buscar a su hijo y de denunciar la situación. El pasado 14 de enero estaba junto a Estela de Carlotto, presidente de las Abuelas de la Plaza de Mayo, durante la presentación del informe Un trato de indolencia.

DesigualdadPero la violencia en México también hay que entenderla desde el punto de vista de la desigualdad y la marginalidad, ya que los niveles de actividad criminal y de homicidios se asocian de manera significativa con bajos niveles de educación entre los jóvenes y con altas tasas de desempleo juvenil. México es la decimocuarta economía del mundo en cuanto a tamaño, pero 45 millones de mexicanos, de una población de 112 millones, viven en la pobreza, lo que tiene sumergido al país en un círculo vicioso de desigualdad -el 1% de la población percibe el 21% de los ingresos-, bajo crecimiento y marginalidad. Esta afecta, de forma más acuciante a la población indígena, y es que mientras que el 38% vive en pobreza extrema, el porcentaje correspondiente para la población total es inferior al 10%.

Al respecto, Oxfam México presentó recientemente el estudio Desigualdad Extrema en México. Concentración del poder económico y político, en el que denunció “la excesiva influencia de los poderes económicos privados en la política pública;es alarmante observar la interferencia que esto implica para el ejercicio de los derechos ciudadanos”.

Las cifras

Asesinatos. Al llegar a la presidencia, el 1 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y sacó a los militares a las calles para combatirlo. Desde entonces han muerto 180.000 personas en el país.

Desaparecidos. El Estado tiene registradas a 27.600 personas como “no localizadas”. Sin embargo, no diferencia entre los casos de desaparición forzada y los de aquellas personas que se han ausentado voluntariamente. Además, hay que tener en cuenta que en México no se denuncian todos los delitos, la mayoría de las ocasiones por miedo.

Desplazados. México no reconoce el desplazamiento interno, por lo que no hay cifras oficiales. Sin embargo, según cálculos conservadores del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos de Ginebra, unas 300.000 personas han abandonado sus hogares por la violencia.

Periodistas asesinados. México es el lugar más peligroso de América para ejercer el periodismo. En los últimos diez años, 80 periodistas han sido asesinados, 17 de ellos en Veracruz desde 2010, estado que encabeza la lista negra en los últimos años.

Impunidad. Solo el 4,46% de los delitos denunciados termina en sentencia condenatoria. Si tenemos en cuenta los que no se denuncian, la impunidad ronda el 99%.


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