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Editorial

Representación de la justicia

El ‘caso de los titiriteros’ reúne las carencias que en legislación, ordenamiento, estructura y miembros mantiene aún el sistema judicial español, necesitado de una transformación radical para homologarse realmente a la democracia

Jueves, 11 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 06:13h

La puesta en libertad de los miembros de la compañía teatral Títeres desde Abajo, Alfonso Lázaro y Raúl García, tras cinco días en la prisión de Soto del Real por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, retrata el despropósito de un sistema judicial, el del Estado español, al que le urge una tan inmediata como profunda reforma. La detención y envío a prisión de ambos, que su puesta en libertad no soluciona y no solo porque se dicta sujeta a obligaciones y prohibiciones, es un disparate absoluto que cercena el derecho a la libertad ideológica y de expresión, de las que a lo largo de la historia el teatro ha sido escenario y herramienta -y debe seguir siéndolo- especialmente cuando ha sido molesto para el poder establecido. Y lo cercena incluso si su escenificación puede considerarse inapropiada, desagradable o insultante para algunas personas o colectivos y aun si se realiza por encargo público. Porque no se trata de si la representación era acorde al horario o al auditorio, que posiblemente no lo era, o si la contratación del espectáculo merece reprobación, que tal vez la merezca, sino de si la representación teatral de unas actuaciones violentas o la sátira respecto a determinadas actitudes pueden ser objeto de acusación de delito. Solo una legislación de excepción, impropia de una democracia, da base a una detención por una representación de títeres. Solo una Fiscalía de carácter político, dependiente del Gobierno a través del Ministerio del Interior y con un ministro altamente ideologizado, considera que dicha representación justifica una acusación de apología del terrorismo que, además, conlleva el traslado de la causa a un tribunal específico para delitos excepcionales como la Audiencia Nacional, también impropio de sistemas de justicia democráticos. Y solo un juez con los antecedentes del conservador Ismael Moreno (agente de Policía de 1974 a 1983 y el más veterano de la AN) y con precedentes como su rechazo a juzgar como actos terroristas los ataques y amenazas de Falange y Tradición en 2008 y 2009, ordena prisión por esa u otra representación teatral. Efectivamente, el caso de los titiriteros reúne y resume las principales carencias que en legislación, ordenamiento, estructura y miembros mantiene el sistema judicial español, tan arcaico en su comprensión y práctica del derecho que precisa ser transformado de modo radical para su verdadera homologación democrática.


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