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Quousque tandem...!

Fin de ciclo

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 7 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 09:39h

Los cuatro años de mayoría absoluta del PP han provocado tal situación de desigualdad social en el Estado, con un preocupante aumento de los contratos temporales frente a los indefinidos y una desregulación de las relaciones laborales, dando lugar a una situación de desprotección de los trabajadores, que las primeras iniciativas de los grupos parlamentarios del Congreso de Madrid, tras su constitución, se están centrando casi en exclusiva en plantear reformas y modificaciones en asuntos laborales y socioeconómicos.
Y todo ello sin tener un gobierno constituido, lo que quiere decir que estas cuestiones van a ser las prioritarias que va a tener que debatir el nuevo ejecutivo español que resulte si las gestiones que está realizando el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, llegan a buen puerto, bien por acción directa con él de presidente por haber contado con los apoyos necesarios -algo que matemáticamente parece imposible-, o de manera indirecta con una fórmula de concentración en la que se incluya a un PP sin Mariano Rajoy. El paso del tiempo y el deseo de evitar unas nuevas elecciones pueden provocar extrañas alianzas en política que en este momento pueden parecer impensables.
Tratar de resolver la dramática herencia que ha dejado en el campo sociolaboral el PP con una controvertida reforma laboral y un agujero de 15.000 millones de euros en la hucha de las pensiones, entre otras cuestiones, se va a convertir en la más importante tarea del nuevo ejecutivo a juzgar por los deberes que desde el primer momento le están poniendo los grupos parlamentarios, a excepción, claro está, del partido de Rajoy y, en menor medida, de Ciudadanos. Todo ello teniendo en cuenta que la coyuntura económica que está dejando atrás la crisis permite romper con las desigualdades sociales, recuperar la dignificación de los puestos de trabajo con unos salarios justos y equitativos y normalizar las relaciones laborales restableciendo un marco jurídico y estable.
Las previsiones económicas, que prevén para este año un aumento del PIB en el Estado superior al 3,2% en que cerró el año 2015, en el caso de Gipuzkoa sitúan el PIB en torno al 2,5%, con lo que se recuperarán los niveles de crecimiento registrados en 2008, es decir, con anterioridad a la crisis, así como la creación de 5.000 puestos de trabajo, lo que hará situar la tasa de paro en un 10% dentro de la media de los países de la zona euro, tal y como acaba de adelantar la patronal Adegi en base a la última encuesta realizada entre los empresarios del territorio, situando un escenario favorable para recuperar la cohesión social y reducir las desigualdades.
La primera preocupación que va a tener encima de la mesa el nuevo Gobierno va a ser la derogación de la reforma laboral realizada por el PP en el año 2012 por decreto-ley, que solo ha servido para destruir empleo, ya que el Estado español sigue teniendo la tasa de paro más alta de la UE después de Grecia, y para precarizar los puestos de trabajo con una temporalidad en los contratos que alcanza en torno al 25%, la tercera más alta de la OCDE.
Está claro que el incremento del trabajo temporal frente a los contratos indefinidos, que en el caso de la CAV se redujeron el año pasado en 5.000 frente a un aumento de 25.000 en el caso de los precarios, tal y como recoge el informe laboral de la UPV/EHU elaborado por la catedrática de Economía, Sara de la Rica, pone en evidencia no solo las dificultades de aprendizaje y conocimiento futuros de los trabajadores, sino una amenaza clara a la percepción futura de las pensiones por parte de los asalariados. La reducción de cotizantes a la Seguridad Social por haber disminuido la población activa y el descenso de las aportaciones como consecuencia de unos salarios bajos y unos contratos temporales y a tiempo parcial han creado un círculo vicioso del que es necesario salir cuanto antes si no se quiere romper de una manera clara con uno de los pilares del estado de bienestar social.
 Sólo el PSOE, Podemos y el PNV se muestran dispuestos a la derogación de la actual reforma laboral, a rescatar la regularización de las relaciones laborales mediante la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que en el caso de la CAV tendría su propia especificidad en función de las necesidades que tiene la economía vasca, y subir el salario mínimo interprofesional (SMI). En todas estas cuestiones no solo está en contra el PP, también Ciudadanos, con lo que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene muy complicado llegar a un acuerdo con el partido del joseantoniano Rivera, con el que, por otra parte, coincide en el planteamiento jacobino y centralista del Estado español.
En esta coyuntura también el PNV tiene complicado apoyar una alianza en la que esté Ciudadanos no ya por las diferencias en políticas laborales y sociales que tienen, sino por la posición radicalmente contraria que esa formación tiene con el Concierto Económico hasta el punto de pedir su supresión y una revisión al alza del Cupo, a pesar de que el partido naranja ha modulado sus planteamientos en los últimos días para tratar de favorecer un acercamiento con el PSOE.
Un PSOE, que a pesar de que ahora dice que no pone en cuestión el Concierto Económico, se lanzó en tromba antes de las elecciones del 20-D a cuestionar el principal instrumento del autogobierno vasco empezando por su secretario general, Pedro Sánchez, siguiendo por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y terminando por el presidente valenciano Ximo Puig, entre otros, afirmando, entre otras lindezas, que los vascos somos unos privilegiados e insolidarios. Menos mal, que tenemos al consejero de Hacienda del primer Gobierno Vasco tras la recuperación de la democracia, Pedro Luis Uriarte, que sigue con su labor pedagógica y de difusión de lo que es el Concierto Económico, allá donde le llaman, con el fin de amortiguar las amenazas que vienen del Estado español. El próximo miércoles, Pedro Luis Uriarte estará en el Museo San Telmo de Donostia en un acto organizado por Alde Zaharreko Kaskarin Elkartea y la colaboración de la institución museística en ese objetivo de defensa de lo que es la piedra angular del autogobierno vasco y del estado de bienestar que tenemos.
La adaptación de la negociación colectiva a la empresa, la racionalización del despido, la flexibilidad interna para salvar empleos o el incentivo del trabajo a tiempo parcial han podido ser políticas de aplicación necesaria para poder responder a la crisis, pero el cambio de ciclo que está experimentando la economía obliga a poner en marcha una reforma estructural laboral que sea capaz de superar las distorsiones que en este momento se están produciendo en el mercado del trabajo donde prácticamente todo el nuevo empleo que se produce es precario.
En este sentido es necesaria la derogación de los contratos temporales flexibles y plantear un contrato indefinido único, matizado y bien articulado con un despido causal, mediante la potenciación de la negociación colectiva hasta ahora inexistente.
De la misma manera que hay que subir el salario mínimo interprofesional que en este momento es de 648,60 euros brutos al mes en catorce pagas, cuando la Carta Social Europea, cuya revisión en el año 2000 fue firmada por el Gobierno español, aunque todavía no la ha ratificado, señala que esa percepción debe suponer el 60% del salario medio del Estado con lo que se alcanzarían los 968,82 euros. El PNV está preparando ya una proposición no de ley en este sentido donde planteará una subida progresiva y gradual hasta llegar a un mínimo mensual de 800 euros, tal y como recoge su programa electoral. Podemos plantea la misma cifra, mientras que el PSOE llega a los 1.000 euros.
Parece que el cambio de ciclo de la economía obliga a centrarse más en la recuperación de aquellos derechos humanos de carácter social que han caído en el olvido por efecto de la crisis y volver a tratar de articular una sociedad más justa y estructuralmente cohesionada. Ese es el reto venidero. l


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