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Pide para él cinco años

El fiscal acusa al excargo vizcaino de Vivienda de actuación arbitraria

Pide para él cinco años por el caso de la Cámara de la Propiedad y rebaja a dos al otro acusado

Sábado, 6 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 06:14h

bilbao- Ayer quedó visto para sentencia el juicio contra el exdelegado territorial de Vivienda de Bizkaia, José María Gonzalo Casal, y contra Jon Alonso Hornes, contratado como contable por Gonzalo cuando éste fue designado por Javier Madrazo, exconsejero vasco de Vivienda, como liquidador de la extinta Cámara de la Propiedad de Bizkaia en 2006.

En sus alegatos finales, tanto el fiscal como la acusación popular, ejercida por el Gobierno Vasco, mantuvieron sus acusaciones contra Gonzalo, para quien solicitan cinco años y nueve meses de prisión, así como nueve años de inhabilitación como autor de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Por lo que respecta a Alonso Hornes, acusado de malversación, tanto el fiscal como la acusación popular decidieron rebajar su petición inicial, que era de cuatro años y nueve meses prisión, a dos años de cárcel atendiendo al hecho de que en su declaración admitió haber cobrado de forma fraudulenta 106.000 euros, de los que devolvió la mitad, y por “revelar información determinante” para el caso. Por lo que respecta la defensas, la de Gonzalo Casal pidió la libre absolución de su defendido al considerar que no cometió delito alguno, mientras que el de Hornes mostró su conformidad con la petición fiscal.

En su intervención, el fiscal aseguró que Gonzalo Casal actuó de una manera “personalista, arbitraria y caprichosa” cuando ejerció como liquidador de la extinta Cámara de la Propiedad. Aún reconociendo que fuera probable que la entidad estuviera falta de personal y que la sede de la Cámara, en la calle Henao de Bilbao, necesitara realizar obras de reforma, Gonzalo Casal, en tanto en cuanto funcionario público, no estaba capacitado para contratar gente -realizó seis contratos- ni para ordenar que se acometieran unas obras que costaron 1,8 millones de euros. Según el Ministerio Público, el acusado no tenía competencias paras esas dos cuestiones, “y lo sabía”, por lo que cometió un delito de prevaricación. En cuanto al delito de malversación de fondos, lo argumentó en tres apartados: el supuesto trasvase de fondos a Jon Alonso por un importe de 106.000 euros, el trasvase de 420.000 euros a la asociación Aukeratu para la financiación de la película de temática gay Ander, y los gastos irregulares que acometió. - N.G.


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