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Editorial

Un Estado a regenerar y reciclar

La apertura de juicio oral por las tarjetas black, la imputación de todos los concejales del PP en Valencia o el ingreso en prisión de la exalcaldesa socialista de Jerez por malversación desvela hasta dónde se extendió el envilecimiento en la política española

Martes, 2 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 06:11h

la apertura de juicio oral en la Audiencia Nacional por el caso conocido como de las tarjetas black para la cúpula directiva de Bankia y Caja Madrid, con solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de cuatro años y medio de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno Aznar, Rodrigo Rato, y de seis años para su antecesor en la presidencia de la entidad bancaria, Miguel Blesa, por gastos indebidos de más de doce millones de euros entre 2003 y 2012 desvela hasta qué punto el Estado español precisa de ser reciclado. No en vano, entre los 66 acusados por la Fiscalía, además del exvicepresidente Rato, una de las tres principales personalidades políticas del Estado durante siete años, y de Blesa, hombre de confianza de Aznar, quien le situó al frente de Caja Madrid;se encuentran el ex secretario de Estado de Comercio de aquel Gobierno, Fernández Norniella;el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno;el exjefe de la patronal, Díaz Ferrán;y entre otros 19 miembros y representantes del PP, once del PSOE, tres de IU y cinco y cuatro respectivamente de CCOO y UGT por participar, según el escrito de acusaciones del fiscal Alejandro Luzón, en un “sistema retributivo que carecía de todo amparo legal”. Sin embargo, esa exigencia de regeneración ni puede ni debe limitarse a los casi 70 imputados en la causa, ni siquiera al resto de imputaciones que, en torno a Bankia y Caja Madrid, se realizan sobre Rato -cuya reunión con Fernández Díaz en su despacho del Ministerio del Interior está sin explicar-, y otros, ni al periodo al que se refiere la acusación fiscal, sino que debe extenderse a todo un modelo de actuación que ha considerado el ejercicio de la política y la gestión de la administración pública en sus distintos niveles como una oportunidad de aprovechamiento personal a la sombra de la aquiescencia, implícita o explícita cuando no de la participación, de los poderes del Estado, especialmente los relacionados con el PP, hasta el último Gobierno de Rajoy. De hecho, esta decisión del juez Andreu coincide en el día con la imputación de todos los concejales del PP de Valencia por blanquear su caja B y con el ingreso en prisión de la exalcaldesa del PSOE en Jerez, Pilar Sánchez, por malversación. Pretender, por el contrario, que la transformación regeneradora se quede en mero relevo generacional, pilotado por los mismos que han venido dirigiendo el Estado en décadas de descomposición ética y corrupción, es tanto como avalar la continuidad del modelo envilecido que escandaliza a la absoluta mayoría de los ciudadanos.


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