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Bis a bis

Reforma del sistema electoral

Por Juan José Álvarez - Lunes, 1 de Febrero de 2016 - Actualizado a las 06:12h

entre los muchos debates que las elecciones generales del 20-D han reabierto cobra fuerza el relativo a la calificada por muchos como “necesaria” reforma del sistema electoral. La mayor parte de los argumentos que sirven como motor de esta iniciativa aluden a dos exigencias: más proporcionalidad y más cercanía. Cabe recordar ahora que entre las propuestas relativas a esta regla básica del funcionamiento de la democracia surgidas del movimiento 15-M, germen de la formación política Podemos, se aludía ya a la modificación del tamaño de las circunscripciones electorales, la adopción de listas abiertas, la introducción de medidas que favorezcan la democracia directa y la sustitución de la Ley d’Hont.

La circunscripción electoral prevista en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General sigue siendo la provincia, con listas electorales cerradas y bloqueadas y con un sistema de reparto d’Hont (fórmula matemática de distribución de escaños a partir de votos: al dividir el número de votos obtenido por un partido político por la cuota de distribución obtenemos el número de escaños que le corresponde), un sistema que claramente favorece a los partidos grandes, porque cuantos más votos se logra más fácil resulta obtener un escaño adicional.

Pero el verdadero debate abierto no radica tanto en las bondades de la proporcionalidad, entendida como la relación entre los resultados de una elección (porcentaje de votos) y el reparto de escaños entre las diversas candidaturas a partir de esos resultados, sino en la posibilidad de instaurar una circunscripción electoral única o semiúnica en todo el Estado.

Esta opción ya se aplica en las elecciones al Parlamento Europeo, ya que la legislación española optó desde su incorporación a la Unión Europea por la circunscripción electoral estatal y única, frente a modelos descentralizados electoralmente ante la cita con las urnas europeas, como Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Bélgica o el Reino Unido.

Y ello ha conducido durante décadas a una hegemonía cuasiabsolutade los dos grandes partidos estatales. Si estuviésemos realmente en el seno de una democracia plurinacional se admitiría con normalidad (y con recíproca empatía) la necesidad de garantizar y proteger frente a la hegemonía nacionalista que representa el Estado-nación español a las restantes expresiones nacionales (entre ellas la que representamos desde Euskadi).

¿Han realizado la extrapolación en escaños al Parlamento Vasco que supondrían unos resultados electorales en los que se prescindiera de las distribución en circunscripciones basadas en los tres territorios históricos y en los que se prescindiese de la obligada adjudicación de 25 escaños a cada uno de ellos, al margen de su peso demográfico dentro de Euskadi, para pasar a integrar una única circunscripción?

El principal obstáculo para el avance de nuestro proyecto común como nación, como pueblo vasco, radica en que el andamiaje sobre el que se construye la política en el Estado español corresponde a un traje y a una doctrina de hace décadas, y revela un escenario político de supuesto equilibrio interterritorial ya superado.

Hasta el lenguaje empleado deviene anticuado: se considera, desde posturas inflexibles, que solo existe un demos, un sujeto en democracia, que es el Estado.

La reforma del sistema electoral apuntada desde Madrid por muchos analistas se alinearía en torno al objetivo de prescindir dentro de la política estatal del peso de los nacionalismos que, a juicio de estos representantes de un jacobinismo revestido de discurso posmoderno, estorban, entorpecen y condicionan la política “nacional” (española, por supuesto, única e indivisible nación que existe, según su tradicional orientación, dentro del Estado español). Todo ello está en juego tras este “falso” debate. Que no nos engañen.

El andamiaje sobre el que se construye la política en el Estado español revela un escenario político de supuesto equilibrio interterritorial ya superado


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