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Editorial

Concretando la segunda transición

El documento político del PNV que marca su hoja de ruta para los próximos cuatro años fija su apuesta por el reconocimiento de la nación vasca y la institucionalización del derecho a decidir

Domingo, 31 de Enero de 2016 - Actualizado a las 06:14h

la formación política mayoritaria en la CAV y que además lidera las principales instituciones del país, el PNV, está en pleno proceso de renovación interna de sus órganos de dirección y también de actualización de su hoja de ruta de cara a la actuación política e institucional para los próximos cuatro años. En este ámbito, los cerca de 30.000 afiliados del partido nacionalista han debatido desde el mes de noviembre y hasta el pasado fin de semana las líneas básicas del itinerario que recorrerá el PNV hasta 2020 y que quedarán fijadas, una vez introducidas las enmiendas correspondientes, en el documento definitivo que se aprobará en la Asamblea General del 13 y 14 de febrero próximos. De todos modos, el texto base propuesto por el EBB, al que ha tenido acceso este periódico, contiene elementos estratégicos destacados que definen el proyecto político a medio plazo de la formación jeltzale y las apuestas fundamentales que presentará al contraste con la sociedad vasca y el resto de partidos. En este sentido, el documento político fija, define, concreta y desarrolla su objetivo de conseguir una segunda transición para Euskadi en la que se establezca un nuevo estatus de relación con el Estado basado en el reconocimiento de la nación vasca y de su derecho a decidir. Así, el PNV plantea el debate no ya en términos de más o menos competencias a asumir por parte de Euskadi sino en la necesidad de alcanzar un nuevo pacto que establezca el nuevo estatus. En opinión de la formación jeltzale, es el propio concepto de “autogobierno” el que ha entrado en crisis por la pérdida paulatina del valor del Estatuto, ya que el inexorable proceso recentralizador por parte del Estado ha terminado por “invalidar” el actual marco estatutario como instrumento para afrontar los nuevos retos de la sociedad vasca en el siglo XXI. Por ello, plantea un proceso de institucionalización del derecho a decidir y apuesta por un nuevo acuerdo “integrador” partiendo de la actual realidad estatutaria que haga realidad esa segunda transición, con el Nuevo Estatuto Político aprobado en 2004 por el Parlamento Vasco -el mal llamado Plan Ibarretxe- y los acuerdos alcanzados en Loiola entre PNV, Batasuna y PSE. En definitiva, un punto de partida en el que los jeltzales concretan su proyecto para un periodo que será decisivo y clave para definir el futuro de Euskadi y sus ciudadanos.


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