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Los presos de ETA deben pedir los beneficios de forma individual

Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, afirma que así lo dicta la ley penitenciaria

Javier Núñez - Viernes, 29 de Enero de 2016 - Actualizado a las 06:10h

Los jueces Ana Isabel Moreno e Iñaki Subijana, durante una vista oral de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

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Los jueces Ana Isabel Moreno e Iñaki Subijana, durante una vista oral de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

donostia- El presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, explicó ayer en una entrevista concedida a Radio Euskadi los pasos que deben emprender los presos de ETA para acogerse a los beneficios recogidos en la ley penitenciaria. Según explicó, los reclusos deben proceder a una desvinculación clara de ETA y llevar a cabo todo lo que esté en su mano para restaurar el daño causado. Y todo ello, de una manera individualizada porque así lo recoge la política penitenciaria. A juicio del presidente de la Audiencia guipuzcoana, el hecho de que Sortu haya emplazado a Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en sus siglas en euskera) a asumir la legalidad vigente supone “un tránsito hacia la aceptación del Estado de Derecho”. La petición del partido de la izquierda abertzale se produjo tras el acuerdo llegado con los físcales de la Audiencia Nacional en el juicio contra los antiguos dirigentes de Batasuna.

Subijana aseguró que cuando se hace una manifestación pública de que se asume la legalidad vigente y que, consecuentemente, las peticiones, en el marco de la ejecución penitenciaria se van a hacer con escrupuloso respeto a la legislación penitenciaria, “supone un tránsito hacia la aceptación del Estado de Derecho”. Así, a su entender, para asumir la legalidad vigente los reclusos deben proceder a “una desvinculación clara y efectiva de la organización terrorista ETA y también llevar a cabo todo lo que está en su mano para restaurar el daño causado”.

Y estos requisitos deben cumplirse de una forma individualizada, de forma expresa y dirigiéndose al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que, a partir de ahí, se puedan tomar atenciones judiciales sobre las opciones que existen en la Ley. “Responden a mecánicas de restauración del daño, y por tanto, del reconocimiento de que se cometió una injusticia y que el daño causado ha sido injusto, y que se va a hacer todo lo posible para repararlo”, afirmó.

En este sentido, apuntó que la Justicia “siempre es una respuesta a la injusticia, y la respuesta a la justicia parte del reconocimiento de que se ha producido una injusticia y, a partir de eso, hacer todo lo que está en manos de uno para volver del estado de la injusticia al estado de la justicia”.

petición de perdónPara Subijana, el dar estos pasos supone la petición de perdón por parte de los reclusos. “Cuando uno dice que reconoce el daño injusto, significa, en definitiva, que es consciente de que ha causado una injusticia y que se hace responsable de ella”, afirmó el magistrado, que insistió en que todos los pasos que deben afrontar los reclusos tienen carácter individual por que -aseguró- “el tratamiento penitenciario es un instrumento jurídico individualizado que está pensado para cada uno de los penados y, consecuentemente, las peticiones se articulan en términos individuales”. No obstante, apuntó que “otra cosa es que haya contextos que lo favorezcan”, y “esta es una exigencia común” a todos los presos. “Eso conlleva, conectándola con la finalidad resocializadora, la posibilidad de que a un penado se le pueda clasificar en segundo o tercer grado, y a partir de ahí, que se puedan tomar decisiones de libertad condicional”, señaló. A su entender, “un reconocimiento del daño injusto siempre supone un paso adelante en la política de resocialización porque significa que alguien es consciente del daño causado y, consecuentemente, se encuentra en mejor posición para poder volver al entorno comunitario sin riesgo de volver a cometer un delito”.

acercamiento En cuanto al acercamiento de los presos a cárceles vascas o próximas a Euskadi, el presidente de la Audiencia de Gipuzkoa aseguró que “estaría dentro de esa dinámica de una política penitenciaria que tienda hacia la resocialización”, por lo que, a su juicio, si los presos actuaran bajo la legalidad, se posibilitaría que se adoptaran decisiones en este sentido.

Sin embargo, para Subijana, y tal como está contemplado en la legislación española, el acercamiento “no es un derecho”. “Cuando hablamos de un derecho significa una opción ejercitable ante los órganos judiciales y que estos necesariamente tienen que reconocer”, añadió. En este sentido, aclaró que es “una aspiración, pero no un derecho”.


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