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La corrupción del PP mina el afán de gobernar de Rajoy

Una operación policial en Valencia se salda con 24 detenidos, entre ellos el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, con el foco en Rita Barberá y en la finaciación irregular de los ‘populares’

Igor Santamaría - Miércoles, 27 de Enero de 2016 - Actualizado a las 06:10h

Camps y Barberá en los tiempos felices de 2007.

Camps y Barberá en los tiempos felices de 2007. (Foto: Efe)

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Camps y Barberá en los tiempos felices de 2007.Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva, detenido en la operación de ayer.

Donostia- La corrupción, una especie de aluminosis en Génova, va camino de laminar las aspiraciones de gobernabilidad de Mariano Rajoy. El PP vive en un continuo sobresalto los últimos días desde que asomara el caso de la empresa pública Acuamed, la imputación al partido por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas y, por último, la macrorredada que engulló ayer a diversos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que estuvieron en manos populares, la Diputación provincial y la Generalitat. Una operación que acabó con 24 detenidos, entre los que se encuentra el exalcalde de Xàtiva Alfonso Rus;Emilio Llopis, su exjefe de gabinete en la diputación;el exvicepresidente de esta institución, Máximo Caturla;y María José Alcón, concejala de Consistorio de la capital y antigua asesora de la exalcaldesa Rita Barberá, también en el punto de mira de la investigación, así como el exvicepresidente de la Generalitat, Gerardo Camps. Como estos dos últimos son aforados, por su condición de senadora y diputado en el Congreso respectivamente, tendrá que ser el juzgado de instrucción el que, eventualmente, remita una exposición razonada de motivos al Tribunal Supremo con los indicios que existan contra ellos. Para más inri, Alcón es esposa de Alfonso Gray, exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgado en Palma en el caso Nóos.

La denominada operación Taula, desarrollada en Valencia, Castellón y Alicante, incluyó la ejecución de 33 registros en domicilios, sedes de empresas -entre ellos los de la sociedad pública del Govern valenciano, Ciegsa-, fundaciones como Jaume II El Just, las instalaciones de una asociación deportiva -Club Deportivo Olímpic de Xàtiva-, el Grupo Municipal del PP en Valencia, y la empresa de comunicación Engloba, con sede en esta ciudad;al tiempo que el número de imputados ascendió a 29, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, uno de los cuales es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo. Todos los implicados habrían participado presuntamente en una red que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, amén de que la investigación abarca además la posible financiación irregular del PP valenciano. La trama podría haber perpetrado delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, unas irregularidades durante varios años que fuentes de la operación califican de “descomunales”. Ciegsa, empresa pública de la Generalitat dedicada a levantar colegios, incurrió, según desveló hace poco el Govern del cambio, en sobrecostes que superaban los 1.000 millones de euros la década pasada.

la grabación delatoraAgentes de la Guardia Civil accedieron a las oficinas del PP en el Consistorio de Valencia a las diez de la mañana para revisar documentación, reteniendo a concejales y empleados del partido, a quienes se les reclamaron las claves de sus ordenadores, deteniendo a la secretaria del grupo municipal, María del Carmen García Fuster. Paralelamente, el polémico Alfonso Rus fue detenido en su casa de Xàtiva, donde se congregaron numerosos vecinos y ciudadanos, que, a su salida y escoltado por tres agentes hasta el furgón policial tras siete horas de registro, le reprendieron con gritos de “corrupto” y “ladrón”. Rus se vio forzado a dimitir el pasado abril de 2015, apenas un mes antes de las elecciones locales y autonómicas, al hacerse pública una conversación en la que se le escuchaba contando billetes de 500 en 500 mientras hablaba con Marcos Benavent, hasta sumar “dos millones de pelas”. La grabación había sido realizada por este último, su mano derecha como gerente de la gran empresa de la diputación, Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa). Benavent había creado sociedades pantalla para cobrar comisiones a varias concesionarias y contratistas de la Diputación de Valencia.

Al PP valenciano no le quedó otra que responder de inmediato abriendo expediente a los afiliados detenidos, suspendiéndolos cautelarmente de militancia y destituyéndolos de los cargos orgánicos que desempeñaban, mientras la número dos del Gabinete Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, salió al paso subrayando que la operación demuestra que “en España no hay impunidad”. Pero para entonces, Mónica Oltra, vicepresidenta del Govern valenciano y líder de Compromís, ya había asegurado que el vigente presidente en funciones del Gobierno español “siempre ha mirado a otro lado mientras se beneficiaba de la corrupción que los perpetuaba en el poder”, considerando a su vez que “el Partido Podrido está inhabilitado para gobernar ninguna institución y menos el Gobierno de España”. El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, escenificó que la investigación “demuestra que el PP cobijó la corrupción durante mucho tiempo, con una actitud desleal con los valencianos”. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, no tardó en rechazar la idea de que este caso pueda afectar a las negociaciones para formar gobierno, y más aún entendiendo que su partido ha reaccionado con “contundencia”. Rajoy ya aparcó su investidura horas después de la imputación por los ordenadores destruidos. Su siguiente paso seguirá marcado, y manchado, por la corrupción.


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