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Bis a bis

La infanta en el banquillo

Por Juanjo Álvarez - Lunes, 25 de Enero de 2016 - Actualizado a las 06:09h

Elcaso Nóos es sintomático de una forma de hacer negocios en España y por eso no se limita al fraude fiscal, sino que gran parte de los imputados (entre ellos once cargos públicos) van a tener que responder de acusaciones tan graves como malversación, prevaricación, falsedad, estafa, fraude a la Administración, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Presuntos delitos que han costado al contribuyente unos cuantos millones de euros. Y si hay algo absolutamente obvio, es que este caso no se explica sin la presencia directa o indirecta de Urdangarin;es decir, de la infanta;es decir, de la Corona.

Ahora, en la fase preliminar del juicio, la clave procesal se llama doctrina Botín: la baza procesal oculta para evitar que la verdad real (la infanta delinquió, se mire como se mire) quede oculta bajo la verdad jurídica. La Ley permite tres modos de personarse en un procedimiento en la vertiente de la acusación: en primer lugar figura el fiscal, que actúa en defensa de la legalidad;en segundo lugar la acusación particular, cuyo ejercicio corresponde a los perjudicados por el delito cometido, y por último la acusación popular, que puede ejercer cualquier ciudadano o asociación.

En 2007 el Tribunal Supremo creó la conocidadoctrina Botín (se dictó en el caso de las cesiones de crédito en el que estuvo imputado Emilio Botín). Según la Doctrina Botín no puede abrirse el juicio oral (es decir, sentar a alguien en el banquillo de los acusados) a instancias solo de la acusación popular: si el fiscal y la acusación particular solicitan el sobreseimiento el juez deberá acordarlo imperativamente, aunque en el proceso se halle personada una acusación popular que, discrepando del criterio de las otras dos acusaciones, pida la apertura del juicio oral.

La doctrina Botín fue modulada de forma sorprendente e injusta a los pocos meses por el propio Tribunal Supremo: permitió la apertura de juicio oral, a instancias solo de la acusación popular, contra Juan María Atutxa, entonces presidente del Parlamento Vasco, por un presunto delito de desobediencia. Según esa nueva doctrina Atutxa cuando, bien por la naturaleza del delito, bien por no haberse personado ningún perjudicado, no exista en el proceso acusación particular, bastará con que lo pida la acusación popular para que el juez deba abrir juicio oral, aunque el fiscal pida el sobreseimiento.

En el caso de la infanta, se le acusa de dos delitos -un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales- en los que está identificado el perjudicado, que es la Agencia Tributaria, entidad que además se ha personado como acusación particular. Por tanto, existiendo en este caso acusación particular, a la infanta no le será aplicada la doctrina Atutxa sino la doctrina Botín. Y tanto el fiscal como la acusación particular -que ejerce el abogado del Estado en representación de la Agencia Tributaria- consideran que no existe delito alguno atribuible a la infanta Cristina, a cuya imputación se han opuesto.

Existe por tanto una elevada probabilidad de que en esta fase previa del juicio por el caso Nóos, se le aplique a la infanta ladoctrina Botín y quede exonerada a las primeras de cambio. Conforme a ella, no es posible enjuiciar a una persona cuando no acusa ni el fiscal ni el directamente ofendido por el delito (la acusación particular), pese a que sí lo haga la acusación popular.

En realidad -conforme a esa matización posterior realizada para el caso Atutxa- el que se le aplique o no a la infanta depende tan solo de dilucidar si el delito fiscal que se le imputa tiene un perjudicado concreto o afecta de manera general a toda la colectividad. Si fuese lo primero, dado que tanto el Ministerio Fiscal como la Hacienda Pública han pedido el sobreseimiento, su exoneración quedaría garantizada. En el segundo caso, sin embargo, la persistencia de la acusación popular ejercida por Manos Limpias bastaría para impedirlo. Por eso hemos asistido a esa obscena y antipedagógica alusión, en defensa de la infanta, a que el lema Hacienda somos todos solo es parte de la publicidad.

El que en ciertos casos con acusados ilustres el fiscal se empeñe en no acusar, el abogado del Estado en no defender a su cliente (el Estado) y los jueces en forzar la interpretación de las normas (considerar los delitos fiscales como delitos con perjudicado concreto) para negar legitimación a la acusación popular nos debería suscitar a todos cierta preocupación. Ya de entrada nos indica que algo no funciona muy bien en el entramado institucional: que esos altos funcionarios no gozan de la debida independencia o que por algún motivo los criterios de supuesta conveniencia política se imponen frente a los estrictamente jurídicos.

Como indicaba recientemente Rodrigo Tena, este asunto constituye un buen símbolo de muchas cosas que han pasado y siguen pasando en ese país llamado España. Una de las más significativas es que demuestra hasta qué punto las componendas, atajos y manipulaciones institucionales bajo la socorrida invocación a la “razón de Estado” son nefastas para una democracia y para la credibilidad de sus instituciones.

En esta fase previa del juicio existe una elevada probabilidad de que se le aplique la ‘doctrina Botín’ y quede exonerada

Las componendas bajo la socorrida ‘razón de Estado’ son nefastas para la democracia y la credibilidad de las instituciones


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