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El nuevo president de la Generalitat

Los frentes de Puigdemont

El nuevo president de la Generalitat comienza la legislatura con el objetivo de avanzar hacia la independencia, para lo que tendrá que hacer frente a las trabas del Gobierno español y a la complicada gestión del Parlament

Un reportaje de Miguel Aizpuru - Domingo, 24 de Enero de 2016 - Actualizado a las 06:12h

El recién investido president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha prometido avanzar hacia la independencia con “calma y cautela”, y aprovechar “hasta la última letra de las competencias” para culminar su mandato con una Catalunya “a las puertas de un nuevo Estado”. Sin embargo, Puigdemont no lo va a tener nada fácil, ni para llevar adelante el proceso soberanista ni para poder desarrollar la legislatura. La realidad es que el nuevo presidente tiene un Gobierno condicionado al apoyo en el Parlament de sus imprevisibles socios de la CUP, y amenazado por posibles conflictos internos en Junts pel Sí entre Convergència y Esquerra. Además, el Govern tendrá que encarar la constante presión del Ejecutivo español, que no ha dudado en los últimos meses en recurrir al Tribunal Constitucional para frenar los avances del procés, e incluso amenaza con la suspensión de la autonomía catalana. Puigdemont, que no cuenta con la experiencia política de su antecesor Artur Mas, tendrá que demostrar a partir de ahora que posee la suficiente habilidad para lidiar con todos estos frentes y llevar a buen puerto su programa.

Que el PP lograra revalidar la presidencia del Gobierno sería el peor escenario para la Generalitat. Mariano Rajoy ha apostado por el enfrentamiento abierto con las instituciones catalanas. Su solución contra la apuesta soberanista han sido los recursos interpuestos al Tribunal Constitucional, que ha anulado la declaración del Parlament del 9 de noviembre o el intento de crear un cuerpo propio de inspectores de Hacienda en Catalunya. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha amagado en varias ocasiones con la aplicación del artículo 155 de la Constitución e incluso con el empleo de la Guardia Civil para garantizar el orden constitucional.

Con la llegada de Puigdemont no cambiará la actitud de Madrid. De hecho, el nuevo president ya recibió el primer aviso la pasada semana, cuando Soraya Sáenz de Santamaría le pidió que explicara las subvenciones que sus empresas recibieron de la Generalitat cuando era parlamentario de CiU. Además, el PP amenazó con inhabilitar a Puigdemont si no acata los dictámenes del Constitucional. “Cualquier cargo público que vaya en contra de las resoluciones, tendrá sus consecuencias administrativas e incluso penales”, aseguró Pablo Casado, vicesecretario de la formación. Otro de los posibles choques en un futuro cercano será la creación de la Agencia Tributaria Catalana que Puigdemont y Junqueras han encargado a Lluís Salvadó, número tres de Esquerra. Salvadó quiere poner en marcha el proyecto creando órganos reguladores, un catastro y aduanas, y administrando el registro de contribuyentes, para lo que tendrá que esquivar la legalidad española. El Gobierno español también ha puesto la lupa en el departamento de exteriores de Raül Romeva.

En caso de que finalmente sea el socialista Pedro Sánchez quien logre un acuerdo de investidura en el Congreso, se podría producir un mayor diálogo o una rebaja de la tensión entre la Generalitat y el Gobierno español. Sin embargo, un Ejecutivo del PSOE tampoco facilitaría las cosas a Carles Puigdemont. Sánchez apuesta por una reforma federalista que recoja la singularidad catalana pero, a la hora de hacer frente al proceso independentista, el líder socialista se ha mostrado siempre de acuerdo con los mecanismos utilizados por Rajoy y los recursos interpuestos al Constitucional.

presión internaNo todos los problemas del nuevo president se ciñen a las tensiones con Madrid. Otro foco problemático del Govern serán sus relaciones con la CUP, sus principales aliados tras el pacto de investidura. Junts pel Sí quiere que los anticapitalistas le garanticen estabilidad durante toda la legislatura. La CUP no lo asegura. Los puntos de acuerdo entre las dos formaciones se limitan a aspectos relacionados con el desarrollo del proceso soberanista y los cuperos entienden que no están comprometidos a apoyar cuestiones económicas como los próximos Presupuestos de la Generalitat, que el conseller de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, contempla aprobar en mayo.

La CUP ya ha puesto condiciones para aprobar la ley presupuestaria. Exigirán la inclusión de medidas sociales y no aceptarán recortes de ningún tipo. La diputada anticapitalista Anna Gabriel afirmó en una entrevista que es pronto para saber si podrán respaldar los Presupuestos. “No podemos decir que los votaremos o que no los votaremos. Analizaremos si son los más sociales que se han podido generar en el actual marco o, al contrario, si son una plataforma de liquidación de la CUP”, argumentó. Como elemento de presión hacia los cuperos, Junqueras esgrime que sin un acuerdo no será posible llevar a cabo el plan de choque social pactado, que tiene un coste de 270 millones de euros. “Depende de los nuevos presupuestos”, señaló recientemente el líder de ERC.

Oriol Junqueras se ha convertido en el hombre fuerte del Gobierno de Puigdemont, lo que ha provocado los primeros roces con Convergència, ya que el vicepresidente no dudó en rectificar las palabras de Neus Munté, consellera de Presidencia, que consideró un “absurdo” discutir si el plazo para la independencia catalana será de “16, 18 o 20 meses”. Junqueras aseguró más tarde que el proceso se puede culminar en 18 meses, como Junts pel Sí había prometido, ya que es un “tiempo razonable”. El líder de ERC va a llevar el peso del procés gracias a las competencias de desarrollo del autogobierno que le otorga la vicepresidencia del Govern. Además, juega a su favor el ser una cara más conocida que Puigdemont, un recién llegado a la política de altos vuelos que tiene ante sí la complicada tarea de crear un nuevo Estado.


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